Bolivia supera las cifras mundiales sobre la agresión física y violencia sexual que se reportan cada año en niños y adolescentes, señala la introducción de una nota publicada por La Razón en noviembre. El dato frío es que en el país el 23% de los niños sufre agresión sexual antes de cumplir 18 años. En el caso de las niñas, esa cifra llega al 34%. ¿Preocupante por donde se lo mire, verdad?, más si a diario se escucha, observa y lee la vulneración constante de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual de niños y adolescentes, sin sanciones duras para los transgresores.
Otro reporte, esta vez de la Defensoría del Pueblo, señala que el 83% de los menores de 18 años sufre violencia en sus hogares o escuelas; 1,2 millones alguna vez fueron castigados físicamente; en el 77% de casos de violencia, los padres son los agresores; más de 1.400 menores viven en cárceles acompañando a sus progenitores; cerca de 10.000 viven en la calle, principalmente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba; mientras otros miles son víctimas de la violencia sexual comercial, trata y tráfico. En tanto que cada año 900 infantes son abandonados en el país, la mayoría dejados en las calles o basureros. De ese total, el 40% queda en total orfandad.
El 8 de enero, la Asamblea Legislativa Plurinacional retomará el debate del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, que originó una polémica en torno a su artículo 5 y el reconocimiento como sujetos de derechos a los niños y niñas.
El nuevo Código contiene 12 nuevos derechos del menor. Involucrará al 46% de la población, porque, según el INE, en Bolivia hay más de 4,1 millones de menores. En el detalle de cada uno de los derechos establecidos, la norma señala que los menores no pueden ser encarcelados como personas adultas, además pretende erradicar el trabajo infantil en cinco años, exige la aplicación de políticas públicas para el sector y la realización de censos específicos para determinar la cantidad de niños que viven en la calle o con vicios. Se trata de una norma que puede contribuir, si no a erradicar la violencia, a reducir las estadísticas fatales.
Esperemos que la ley no quede sólo en papeles; sino que se convierta en una herramienta eficaz para trabajar por aquellos niños y adolescentes que —como muchas veces se dice— son el futuro del país, aunque en realidad se trata del presente nacional. Frente a esta perspectiva, los medios de comunicación también están llamados a contribuir a la eliminación de la agresión física y violencia sexual desde la posición que ocupan y por la influencia que ejercen en la toma de decisiones públicas, focalizando la atención del público.
