La distribución del excedente económico proveniente de la venta de hidrocarburos y las utilidades de las empresas nacionalizadas, a través de bonos dirigidos a segmentos de la población altamente vulnerables (como son los niños en edad escolar, las mujeres embarazadas y los adultos mayores), es una de las políticas sociales que mayor éxito le significa al Gobierno.
Estos mecanismos de subvención han demostrado ser eficientes para contener la deserción escolar (a través del bono Juancito Pinto), promover que las mujeres embarazadas asistan a sus controles pre y posnatales (gracias al bono Juana Azurduy de Padilla), y mejorar el bienestar de los adultos mayores que no tienen una jubilación (con el pago mensual de la Renta Dignidad). En suma, han contribuido a la reducción de la pobreza y a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.
No obstante, después de casi ochos años de vigencia, es necesaria una reflexión sobre las fuentes de financiamiento para poder cumplir con los pagos de estos bonos sociales y su integralidad respecto al resto de las políticas públicas, a fin de evaluar la efectividad y sostenibilidad que estos mecanismos de redistribución tienen a largo plazo.
Estos beneficios son parte de una política de Estado, e incluso, como en el caso de la Renta Dignidad, se encuentran consagrados en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, su continuidad depende primordialmente de la explotación del gas. Es decir, de un recurso no renovable. Por tanto, en el futuro esta fuente primaria de ingresos podría agotarse. Hace poco, una autoridad del área económica mencionó este aspecto. De allí la importancia de trabajar desde ahora para identificar fuentes adicionales que garanticen el financiamiento permanente de estos subsidios.
Ahora bien, esta búsqueda de fuentes alternativas para el pago y los posibles incrementos futuros en los montos de los bonos debiera constituirse en una tarea permanente del Ejecutivo. De igual manera, el desafío de pasar de la casi monodependencia de los recursos del gas a la diversificación de ingresos debiera ser parte de una política de Estado de diversificación económica.
Evaluar la integralidad que tiene el pago de los bonos con la política de de- sarrollo de más largo plazo es asimismo otro aspecto esencial. En este sentido, cabe preguntarse ¿si los niños que no desertaron en la escuela están mejor preparados para una educación superior?, ¿las madres que tuvieron un control de sus embarazos tienen los recursos/trabajo para sustentar la crianza de los niños nacidos? Y, finalmente, ¿se consolidará una economía que genere empleo formal para que los trabajadores aporten para su jubilación? Estos elementos post bonos debieran ser también considerados al momento de diseñar instrumentos de redistribución de riqueza.
