Mis primeras columnas de años anteriores siempre las dediqué al futuro. Lamentablemente hoy comienzo desde un presente que debería ser pasado: la violencia. Gatillado por una matanza vecinal de gatos y perros en un barrio de Warnes, “motivada” por muertes por presunta rabia canina (después negada por el Sedes) y documentada en la prensa nacional, en las redes sociales se discutió abundantemente sobre ello. Al margen del hecho violento (la forma de sacrificarlos, sin cumplir los protocolos existentes) y abusivo (se denunció que también fueron sacrificadas mascotas sacadas de las casas), dos aspectos importantes se discutieron: los altos niveles de rabia canina y, en global, la violencia en el país y la común aplicación de la primitiva lex talionis.
Las matanzas de animales domésticos callejeros no es un fenómeno reciente en Bolivia, periódicamente la prensa difunde historias truculentas, ya sea en La Paz (2000, y sobre todo en Achacachi, 2007), El Alto y Oruro (2007), la misma ciudad Santa Cruz de la Sierra (2007) o San Pedro (en Santa Cruz, 2013), ya sea para evitar la propagación de rabia, por sobrepoblación o por amedrentamiento político (como la brutal matanza de Achacachi). El Gobierno nacional y muchos municipios hacen periódicas campañas de vacunación antirrábica en animales domésticos, pero éstas alcanzan básicamente solo a mascotas y no a animales callejeros. De allí que en 2011 se hayan registrado 246 casos de perros con rabia y 236 en 2012 (el 79% de éstos en el departamento de Santa Cruz), y que se tradujeron en tres personas fallecidas en 2011 y una en 2012, según datos oficiales del Ministerio de Salud y Deportes. Estas cifras permiten entender que el principal problema es la proliferación de animales callejeros, que se reproducen entre ellos y también, con mucho, por el abandono de mascotas o su descuidada tenencia. En conclusión: por mucho que las autoridades tomen medidas preventivas (y debo recordar que no existe un ámbito legal aún sobre los animales domésticos y que las ordenanzas municipales respectivas, como existen en Santa Cruz y La Paz, terminan siendo inefectivas), la conciencia de los propietarios y la educación ciudadana son las únicas vías posibles de solucionar este problema, no la violencia.
Los linchamientos de presuntos delincuentes —que se amparan en una mala interpretación de la justicia comunitaria (legalizada dentro de las reformas “modernizadoras” del entonces ministro René Blattmann Bauer, bienintencionadas pero apresuradas y muchas contraproducentes) y que cada vez más suceden en las ciudades— son otro ejemplo de violencia social y deficiencia en educación ciudadana.
Ambas violencias (contra humanos y animales) no son novedosas en Bolivia: lo nuevo es la amplia mediatización. La ausencia de educación en valores ciudadanos es causa general y es obligación de todos: autoridades, educadores, familias y toda la ciudadanía. Olvidarlo es promover los excesos.
