El prematuro inicio de las campañas electorales para los comicios de octubre de 2014 ha puesto en evidencia tanto la existencia de vacíos normativos como la debilidad institucional para hacer cumplir las reglas. Constituye también el anticipo de lo que previsiblemente será una contienda electoral con organizaciones políticas y candidaturas dispuestas a ignorar las normas.
La Ley del Régimen Electoral establece claramente que el periodo habilitado para la realización de propaganda electoral en actos públicos de campaña es desde 90 días antes de los comicios hasta 72 horas antes de la jornada de votación. El plazo para la difusión de mensajes en medios de comunicación, en tanto, es desde 30 días antes del día de los comicios. Ambos plazos están siendo incumplidos tanto por el partido de gobierno como por las ya proclamadas fuerzas de oposición.
Pero la norma es más específica todavía al declarar como “falta cometida por las organizaciones políticas” la realización de campaña electoral con anterioridad a la publicación oficial de la convocatoria. Se prevé que la convocatoria a las elecciones de 2014 se realice con una anticipación de 150 días, esto es, a principios de mayo.
Así, algunas organizaciones políticas ya estarían cometiendo faltas electorales, lo que supone sanciones (definidas por el Órgano Electoral) que pueden consistir en “multas pecuniarias, arresto o trabajo social”.
Esta situación muestra algunas cuestiones preocupantes. Según la ley, es propaganda electoral todo mensaje difundido con el propósito de promover organizaciones políticas y candidaturas, exponer programas de gobierno y/o solicitar el voto. Se lo puede hacer en actos públicos de campaña o a través de medios de comunicación.
Parece evidente que recientes actos de proclamación de candidaturas, presentación de alianzas o entrega de obras pueden entenderse como parte de tales fines electorales.
Otra cuestión sensible tiene que ver con la débil capacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para monitorear los actos públicos de campaña y, en caso de vulneración de la norma, establecer sanciones y hacerlas cumplir. Si bien el TSE actúa a demanda, sus resoluciones en cada situación concreta, cualesquiera que sean, serán conflictivas porque tienen efectos políticos. Así lo demuestra la reacción adversa de algunas fuerzas políticas ante el solo intento de regular este complejo terreno. Pero sin duda lo más preocupante es que las organizaciones políticas y candidaturas omitan el cumplimiento de la norma.
Si así ocurre cuando los comicios aún no han sido convocados, se puede prever un escenario electoral con dificultades que bien podrían evitarse. Para ello se requiere un compromiso público de todas las fuerzas políticas para garantizar un adecuado desarrollo de la propaganda y la campaña electoral, tanto en plazos como en contenidos. El tema requiere pronto debate.
