Considerando que dentro de nueve meses tendremos elecciones generales, es fundamental que las fuerzas políticas y candidaturas que participen en los comicios planteen al país sólidos programas de gobierno. Es necesario también que dichos programas, en tanto plataformas electorales para competir y solicitar el voto, se conozcan ampliamente y, más todavía, se debatan.
Uno de los fundamentos de una democracia electoral consolidada es la participación informada de la ciudadanía. Ello implica que las preferencias electorales se definan con el mayor conocimiento posible tanto de las y los candidatos como de sus ofertas programáticas. Se requiere por tanto un esfuerzo especial, tanto de las organizaciones políticas como de los medios de comunicación, para garantizar que la ciudadanía acceda a información plural y completa sobre las diferentes opciones en disputa.
Se trata sin duda de una cuestión importante para la campaña electoral. La experiencia de anteriores procesos electorales muestra que en general tiende a privilegiarse el componente personal, promoviendo la imagen de los candidatos. Pero se difunde menos el componente programático, esto es, la visión de país y el compromiso de gobierno de cada candidatura. Se plantea entonces un primer gran desafío para las elecciones de octubre: que la campaña enfatice la difusión de los programas de gobierno.
A la fecha, pese al muy anticipado inicio de la campaña electoral por diferentes vías, hay pocas señales en torno a los programas de gobierno. El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) apunta a la Agenda Patriótica 2025, que además constituye una política de Estado. Los opositores MSM y Demócratas, en tanto, han adoptado, como anticipo, algunas bases programáticas. Y el emergente Frente Amplio señala que está en proceso de definición de su plataforma programática para los comicios. Pero no basta que las fuerzas políticas proclamen candidaturas, definan bases programáticas y las difundan entre la ciudadanía. Es importante también que la dinámica del proceso electoral genere espacios públicos para el intercambio y el debate en torno a las ofertas programáticas en competencia. Se plantea así un segundo gran desafío electoral: la deliberación amplia de los programas de gobierno en diferentes niveles, más allá del deseable encuentro entre candidatos presidenciales.
Estos desafíos son pertinentes no solamente en los llamados actos públicos de campaña, sino también en la propaganda electoral que vayan a realizar las organizaciones políticas en los medios de comunicación. La norma electoral prevé un periodo de apenas 30 días antes de los comicios para la difusión de propaganda en medios. Es de esperar que durante esta fase, que será intensa, también se prioricen los contenidos programáticos por encima de las consignas y, más todavía, de la prescindible “guerra sucia”.
