A raíz de la fuerte crisis económica que atravesó Bolivia en los primeros años de la década de 1980, fueron implementadas políticas macroeconómicas de índole liberal que tenían como objetivo la estabilización de la economía boliviana delante de una situación de decrecimiento económico y altísimas tasas de inflación.
Así, en 1985 se cambió el rumbo de la política económica del país con la promulgación del Decreto Supremo N° 21060, con el que se daba importancia y preponderancia a los mecanismos de mercado en la economía. Entre los principales instrumentos adoptados por la política económica se destaca la privatización y capitalización de las empresas públicas, cuyo objetivo era reducir los gastos estatales y aumentar los ingresos presupuestarios, contribuyendo así para la reducción del crónico déficit fiscal. Pero, para llevar adelante este programa macroeconómico era necesario realizar una reforma en el marco jurídico en función del peso que las inversiones en activos públicos tenían en la economía de Bolivia.
En este sentido, el primer paso de la política económica fue la implementación de una política fiscal austera, con el fin de fortalecer y garantizar el desarrollo de este programa de estabilización, con el que se redujo drásticamente los gastos corrientes y sobre todo las inversiones del Gobierno.
Durante el proceso de recuperación económica, entre 1985 y 1994, el sector eléctrico boliviano (SEBOL) tuvo una evolución muy peculiar. Siguiendo los datos del grafico 1, en 1985 ENDE representaba el 57% de la capacidad instalada de generación del país, de los cuales 43% correspondía a energía hidroeléctrica; y para 1994, ENDE era propietaria del 73 % de la capacidad instalada del país, siendo que solamente el 27% de esta capacidad correspondía a generación hidroeléctrica.
Es curioso notar que ante la implementación de una política fiscal austera ENDE aumenta su participación en el sector. En este punto cabe destacar que, dado el supuesto de que el servicio de electricidad es crucial para el desarrollo económico, el Gobierno se vio en la obligación de realizar inversiones en generación de energía eléctrica que permitan sustentar el proceso de recuperación económica a través de la estatal ENDE, ya que ante las condiciones macroeconómicas difícilmente agentes privados tendrían interés y condiciones de invertir en la expansión de la capacidad instalada.
Por otro lado, cabe resaltar que durante ese periodo se priorizaron las inversiones en centrales termoeléctricas por dos motivos. Primero, por la política fiscal austera que buscaba minimizar las inversiones orientándolas estrictamente a resolver las limitaciones existentes en la capacidad de generación. Así, las centrales termoeléctricas se encuadraban en esta perspectiva, ya que requieren menor capital de inversión, pueden ser construidas en menos tiempo y con costos de transmisión reducidos. Y, segundo, porque hasta 1985, el sistema interconectado nacional (SIN) solamente abarcaba los departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro. La Paz tenía la interconexión física, pero el abastecimiento de electricidad en este departamento dependía de COBEE, y Santa Cruz fue conectado al SIN recién en 1990. Ante esta limitación, las centrales termoeléctricas tienen la ventaja de que pueden ser construidas cerca de los centros de consumo sin necesidad de grandes inversiones en líneas de transmisión. En función de estos factores es que a partir de la implementación de las políticas liberales la matriz eléctrica boliviana se tornó una matriz esencialmente térmica, decisión que provocaría problemas futuros en relación al abastecimiento de gas natural a costos reales.
La reforma legal fue concluida en 1994 con la aprobación de varias leyes. Entre las cuales se destaca la Ley de Capitalización (N° 1544), que autorizó las inversiones de capital privado en las empresas públicas; la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (N°1600), que dispuso la creación de agencias reguladoras para los sectores de electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos, transporte y aguas; y la Ley de Electricidad (N°1604) que crea una nueva estructura institucional e industrial del sector eléctrico, así como determina la operación del sistema.
Con la promulgación de esta ley se dio paso a la desintegración vertical de la industria eléctrica y se decidió separar las actividades de generación, transmisión y distribución que realizaba la empresa estatal ENDE, se capitalizó la generación y distribución y privatizó la transmisión, con el objetivo de incrementar las inversiones privadas en el SEBOL e inducir a la eficiencia a través exclusivamente de mecanismos de mercado.
En este contexto, el objetivo central era crear un mercado de energía eléctrica que opere con base en los costos marginales de la generación, garantizando los precios más bajos para los consumidores e incentivando a la eficiencia de las empresas. Se esperaba que, a través de la implementación de competencia en la generación vía mercado, se pudiese atender a los consumidores con costos más bajos y, al mismo tiempo, que los precios del mercado sirviesen de señal económico para realizar inversiones en la expansión óptima del sistema.
