La recién posesionada ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, se estrenó con una polémica (al menos discutible) declaración: afirmó que la elección directa de las autoridades jurisdiccionales, realizada en octubre de 2011, fue un “desacierto”. Si bien lo dijo como “apreciación personal”, se trata de un posicionamiento de la principal autoridad gubernamental del sector.
¿Fue un desacierto haber elegido por votación popular a las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental? ¿Se trató de un acto fallido? ¿No se había asumido está inédita elección, más bien, como un avance democrático?
¿No es acaso una innovación consagrada en el nuevo texto constitucional? ¿Se elegía mejor a magistrados y consejeros en el Órgano Legislativo? ¿Cuál es la evaluación oficial?
Según la nueva ministra, que hereda un despacho hasta ahora carente de ideas y de protagonismo, el parámetro de evaluación de la elección jurisdiccional tiene que ver con “los objetivos de transformación de la Justicia”. Es evidente que desde 2011 la Justicia no se ha transformado, ni mucho menos. Al contrario, como señalamos en este espacio, profundizó su descalabro. ¿Tal situación se puede atribuir exclusivamente a las nuevas autoridades? ¿O estamos ante una fisura estructural del Estado?
Son muchas las interrogantes que pueden plantearse en torno a la actual crisis del Órgano Judicial y, en ese marco, sobre la fuente de legitimidad de sus autoridades. Lo incuestionable es que se requiere un cambio radical en la administración de justicia en el país. ¿Se esperaba que con la sola elección directa de autoridades se solucionaría este añejo problema? ¿Qué pasa con los operadores de justicia que no son electos? ¿Qué hacer con los jueces y abogados? ¿Y con el Ministerio Público y la Policía?
La autocrítica planteada por la ministra Gutiérrez es importante, porque, más allá de su valoración de las elecciones jurisdiccionales, identifica un problema fundamental: los jueces, fiscales y vocales (habrá que incluir a los abogados) no aplican las normas “como debe ser”. El problema entonces no radica tanto en la calidad de la norma, sino en el hecho evidente de que los operadores “tuercen la ley”. Así persisten y se fortalecen la retardación de justicia y la corrupción en el Órgano Judicial.
“Construir una nueva justicia”, decía el lema utilizado en la elección de autoridades jurisdiccionales. Era la promesa. Pero está claro que el desafío es más complejo y esencial: construir justicia, pues hasta ahora lo que impera es la “administración de injusticia”. Habrá que esperar que la nueva ministra convierta la autocrítica en acciones concretas impulsadas desde su despacho para que el cambio llegue en este campo crucial para el ejercicio de los derechos de ciudadanía.
