El deslizamiento de un cerro en la población beniana de Rurrenabaque dejó diez personas sepultadas y al menos 650 familias damnificadas. Este lamentable hecho, que ocurrió el sábado, viene a engrosar la larga lista de 46 fallecidos y las cerca de 21.000 familias que se han visto afectadas por las intensas lluvias desde que empezaron, en octubre del año pasado.
La situación es de tal gravedad que el Gobierno decidió decretar el estado de emergencia el lunes, para facilitar el uso de fondos públicos a fin de atender a los damnificados en al menos 83 municipios (25% del total). Una medida urgente, pues son muchos los que en este momento necesitan alimentos, agua potable, medicamentos, herramientas y vituallas para paliar la pérdida de sus bienes, cultivos, animales y su salud.
Además de esta necesaria y urgente ayuda, cabe preguntarse si los diferentes niveles gubernamentales han tomado medidas para gestionar este tipo de eventualidades, máxime tomando en cuenta que estos fenómenos son cada vez más frecuentes e intensos. Ello como consecuencia del calentamiento global, pero también y sobre todo por la intervención humana sobre el medio ambiente, con la construcción desordenada y sin planificación de viviendas y caminos, la constante e intensa descarga de desechos y la desmedida habilitación de bosques para la agricultura y la ganadería. Acciones que perturban los mecanismos que encauzan y amortiguan naturalmente el curso de las aguas y desestabilizan los suelos.
Si se analizan los programas operativos y los planes de desarrollo municipal, la respuesta a la pregunta anterior claramente es negativa. Y es que son muy pocos los gobiernos municipales (menos del 30%) que cuentan con mapas geológicos, esenciales para conocer las características del suelo donde se asientan sus pobladores; y mucho menos son los que invierten en unidades de gestión de riesgos. Esto pese a que, como bien se sabe, el costo de enfrentar una emergencia (ya sea un deslizamiento, una inundación o una epidemia) no solo es mucho mayor que el de prevenirlo, sino también y sobre todo mucho menos efectivo.
En efecto, una gestión responsable con miras al futuro permite evitar o al menos atenuar las consecuencias de los desastres naturales y reaccionar ante imprevistos de gravedad. Y si bien en un principio se necesita invertir tiempo, dinero y esfuerzos en tal sentido, con el tiempo, los gobiernos locales y los hogares se podrían ahorrar ingentes cantidades de recursos y molestias, ocasionados por las pérdidas agrícolas y estructurales que generan los desastres naturales; sin olvidar los elevados gastos en los que se incurre cuando éstos se presentan. Además, y más importante aún, la prevención es la única manera de salvar vidas humanas.
