Después de seis años de litigio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, emitió su veredicto respecto a la delimitación marítima entre Perú y Chile. La interpretación más simple de esta sentencia significaría una victoria legal y un sustento de legitimidad a la causa peruana, obligando a Chile ceder parte de sus derechos económicos sobre su costa.
Se ha especulado bastante sobre las repercusiones que este fallo podría suscitar en ambos países. Por el lado chileno, han surgido posiciones nacionalistas ultraconservadoras, de quienes profesan que tal determinación es inequitativa y errónea, pues vulnera preceptos constitucionales sobre la soberanía territorial chilena; y demandan que se actúe en consecuencia, haciendo respetar la Carta Magna. Por el contrario, en Perú se resaltó el veredicto, señalando que se trata de una pequeña compensación histórica por la pérdida territorial y los abusos cometidos por el Ejército chileno durante tres años de ocupación en la Guerra del Pacífico.
Existen otras posiciones menos radicales, como las asumidas por los mandatarios de ambos países, quienes manifestaron su predisposición de acatar la resolución de la CIJ, dado su carácter vinculante, además de iniciar una labor planificada y coordinada que permita el cumplimiento del veredicto en el menor plazo posible, de forma que no se generen mayores turbulencias en la relación entre ambas naciones.
La pregunta que queda en el aire es; ¿qué elementos están contribuyendo a que, una vez conocido el fallo, los gobiernos de Chile y Perú hayan decidido concretarlo cuanto antes? La respuesta a esta cuestión no puede ser otra que la de intereses económicos. Primero, Chile y Perú, junto con México y Colombia, son miembros fundadores de la Alianza del Pacífico; bloque cuyo PIB representa el 40% del total de la región, y cuyo principal objetivo es ampliar de manera conjunta su comercio internacional hacia los mercados asiáticos, principalmente a China. Un compromiso que sin duda hermana fuertemente a sus respectivas economías.
Segundo. De acuerdo con datos sobre inversión extranjera directa, distintos grupos empresariales chilenos han invertido en Perú aproximadamente $us 14.000 millones hasta 2013 en distintos rubros económicos, como la minería, banca, servicios, supermercados y recientemente en el sector agrícola, con una cifra nada despreciable de $us 100 millones (además de la vid, espárragos y hortalizas, en la lista de productos cultivados con capitales chilenos se destaca la quinua real). Y se estima que en los siguientes tres años la inversión chilena en Perú puede alcanzar los $us 20.000 millones. A su vez, las primeras inversiones peruanas en Chile se van concentrando en cemento, industria, energía y banca. Conclusión (algo más compleja pero a la vista de todos): “la soberanía no se transa, excepto por intereses económicos…”.
