La semana anterior, en Sucre, el Consejo de Desarrollo Estratégico del Sistema Judicial Boliviano concluyó su primer encuentro con una extensa declaración que incluye, entre otras, la determinación de crear un Comité Interinstitucional de Ética Pública. Bien mirada, la decisión parece el inicio del tantas veces reclamado proceso de transformación del Órgano Judicial.
En efecto, el comité fue creado con el mandato de conocer los casos de corrupción y conducta antiética de todos los servidores judiciales y fiscales del país, mal que sin ser el único es con frecuencia señalado con el de mayor gravedad en el sistema judicial boliviano. La declaración, asimismo, ratifica la independencia del Judicial con respecto de los demás órganos del Estado, pero también de las organizaciones sociales.
Según explicó el presidente del Tribunal Constitucional y coordinador del Consejo de autoridades judiciales, integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Fiscalía General del Estado, cada instancia judicial deberá elaborar y poner en vigencia, en el menor tiempo posible, su código de ética.
Dichos códigos, a su vez, serán administrados por sendos comités de ética, que a su vez tendrán como instancia superior un Comité Interinstitucional de Ética Pública, que conocerá los dictámenes de responsabilidad ética que hayan emitido las diferentes instancias judiciales luego de procedimientos sumarios de oficio o a instancia de parte, resguardando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los encausados.
La reunión realizada en Sucre sirvió también para que se decida coordinar con el sistema universitario público y privado la reformulación del currículo académico, incorporando la ética y la justicia plural. Se decidió también crear un sistema informático único de gestión procesal que permita el intercambio de información entre las instituciones del sistema judicial. Finalmente, los jueces y fiscales del país determinaron instar al Órgano Legislativo y al Ministerio de Justicia a que se incluya a los operadores del sistema judicial en el proceso de elaboración y revisión final del anteproyecto del Código de Procedimiento Penal.
Cabe, sin embargo, preguntarse si en el camino de implementar el ambicioso plan de renovación ética no habrá colisión entre las funciones del Consejo de la Magistratura y el nuevo Comité Interinstitucional, habida cuenta que el primero es la instancia legalmente habilitada para ejercer control y disciplina en el Órgano Judicial.
Con todo, como señal política, la declaración de las autoridades judiciales debe ser recibida con optimismo, pero también es un antecedente para incrementar la presión sobre las y los servidores del Órgano Judicial, que ahora deben responder a un nuevo marco ético.
