Hace una semana, el Gobernador del Beni fue descubierto en el aeropuerto de Trinidad llevando en una mochila Bs 219.000 de la Gobernación. Según la autoridad, el dinero serviría para la compra de víveres en favor de los damnificados por las inundaciones en Riberalta. Lo más sorprendente es que aún no se conoce de ninguna investigación formal del caso.
En efecto, al parecer, el Gobernador ha logrado evadir el escrutinio público gracias a una confusa explicación de la lógica que lo llevó a romper las más elementales normas de control y transparencia en el manejo de dinero fiscal: “Considerando que hoy (el 7 de febrero) es viernes, que íbamos a arribar en un horario fuera de la atención de las entidades financieras, que mañana es sábado y pasado es domingo, no podíamos hacer otra cosa que venir con dinero en efectivo para poder, aquí, en la misma ciudad de Riberalta, comprar 20 toneladas de alimentos para asistir a nuestros hermanos”. Eso sí, tras el incidente, el dinero fue devuelto.
Las reacciones a este desaguisado, al menos en el ámbito nacional, han sido llamativamente tímidas, considerando que, en general, tanto los medios de comunicación como las propias autoridades del Gobierno suelen mostrarse mucho más drásticos ante indicios de corrupción como el que motiva este comentario.
El primero en comentar el llamativo suceso fue el Ministro de Gobierno, quien reconoció que es “extraño” que una autoridad pública traslade en sus implementos personales tal suma de dinero, habiendo funcionarios que pueden realizar esas diligencias y existiendo además otro tipo de recursos para llevar ayuda a los afectados por las inundaciones.
Días después, el Viceministro del Tesoro explicó que el Gobernador beniano vulneró varias disposiciones, entre otras, el atribuirse funciones del nivel operativo, que es el responsable de procesar los pagos de la institución. Asimismo cuestionó la falta de medidas de seguridad, preguntándose qué ocurriría si el dinero se hubiese extraviado y, en ese caso, quién hubiese sido responsable. Finalmente, también cuestionó que la máxima autoridad departamental se hubiese puesto en papel de juez y parte en lo referido a la rendición de cuentas de estos recursos. Quienes no se pronunciaron, pese a tener mandato para hacerlo, fueron las autoridades del Ministerio Público y del Ministerio de Lucha contra la Corrupción.
Es evidente que los desastres naturales que afectan al Beni, al igual que casi todos los departamentos del país, requieren medidas urgentes, y es por eso que en estos casos se declara la emergencia. Pero incluso así, el uso de recursos de manera extraordinaria debe estar sujeto a un control que el Gobernador no hubiese podido tener sobre tanto dinero en efectivo. Hay, pues, mucho qué explicar y no hacerlo será sentar un peligroso precedente.
