Las situaciones de excepción ponen a prueba a las sociedades y a sus instituciones. En circunstancias fuera de lo normal se revelan la solidez de las instituciones públicas, la consistencia de la cohesión social y las pautas de comportamiento de la gente ante las emergencias. Es en la adversidad que se constatan también las respuestas que son capaces de proporcionar la sociedad y el Estado ante problemas colectivos que irrumpen de manera sorpresiva.
En días pasados se han desencadenado en el país desastres naturales de una dimensión inusual, ocasionados por lluvias torrenciales que han provocado desbordes de los ríos, inundaciones de poblaciones y sembradíos, así como destrozos de caminos y carreteras. Los impactos más espectaculares se han registrado hasta ahora en el departamento del Beni, donde varias poblaciones se encuentran aisladas, carecen de alimentos y medicamentos, además de que no cuentan con energía eléctrica. También se registran daños severos en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Las muertes atribuibles a los desastres naturales suman ya decenas y el número de familias damnificadas podría situarse muy pronto por encima de las 60.000, ubicadas principalmente en el departamento de Cochabamba, y en menor proporción en los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Beni y La Paz.
No se cuenta todavía con un cálculo definitivo de las pérdidas materiales. La cuantificación de daños es todavía incompleta, y las estimaciones disponibles no toman en cuenta las repercusiones de las lluvias que se anticipan para el fin de semana. Al momento de escribir esta columna se anuncian precipitaciones que aumentarán probablemente el número de víctimas fatales, damnificados y pérdidas en capacidades productivas, viviendas e infraestructura física.
No obstante todo eso, la impresión que se tiene hasta este momento es que no se están adoptando todas las medidas posibles para atender a las víctimas en los lugares pertinentes y con la diligencia necesaria. Parece más bien que existiera un cálculo político a la hora de prestar la asistencia humanitaria por parte del Gobierno central, acompañado de una escasa voluntad de coordinar efectivamente con las autoridades departamentales y municipales correspondientes.
Por otra parte, tal parece que las actuales calamidades climáticas no han conmovido a la población como en ocasiones anteriores, y esto debe atribuirse sin duda al clima de fragmentación y sectarismo que impera en el país. En otras circunstancias equivalentes fue notoria la reacción espontánea de la gente, que se manifestó de las más diversas formas en apoyo de los damnificados, mostrando claramente un espíritu de solidaridad y compasión, que ahora parece ausente.
El reclamo mayor está dirigido por supuesto al Gobierno central, que tendría que dar el ejemplo en materia de actitudes y respuestas a la altura de los desastres que afligen a la familia boliviana. Si bien se ha anunciado una cruzada denominada “Bolivia Solidaria” para la colecta de alimentos, medicinas y ropa, un gesto de auténtica apertura facilitaría que los gremios privados, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general desplieguen toda su capacidad de solidaridad y ayuda con las víctimas y damnificados de las torrenciales lluvias.
Así como se está logrando la coordinación de las instituciones del departamento de Santa Cruz para preparar la Cumbre del G77+China a mediados de año, con ese mismo espíritu tendría que buscarse la cooperación de instituciones nacionales públicas y privadas para contribuir al socorro de los damnificados y la mitigación de las pérdidas materiales, sin tomar en cuenta los réditos electorales de dichas acciones.
Es economista.
