Si bien en su reciente sentencia sobre el aborto el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mantuvo en vigencia la penalización de esta práctica en el país, encaminó al menos un avance fundamental al eliminar la orden judicial como requisito para el aborto legal. Ahora, en casos de violación, estupro, incesto o riesgo para la vida de la mujer, basta el documento de la denuncia para que se proceda a la interrupción del embarazo.
Aunque el fallo constitucional es muy claro, preocupa que su inmediata ejecución encuentre innecesarios tropiezos e inaceptables obstáculos. El Colegio Médico de Bolivia, por ejemplo, dice que se requiere una reglamentación “para que la figura esté clara”. El Hospital de la Mujer, en tanto, anuncia que exigirá a la embarazada algún documento fiscal. Y la Fiscalía de Distrito de La Paz espera una norma de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué más pedirán para cumplir la sentencia?
Lo que debe evitarse es que la saludable eliminación del requisito de orden judicial para el llamado “aborto impune”, que dejó fuera de la decisión a los juzgados, no se convierta ahora en renovados y arbitrarios requisitos por parte de los fiscales, la Policía e incluso los médicos. La sentencia del TCP está plenamente vigente y lo que corresponde, sin más cortapisas, es cumplirla.
