La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) es la institución del Estado boliviano que regula y supervisa el funcionamiento de las entidades bancarias, cooperativas, mutuales, fondos financieros, entidades que operan con valores y seguros, que conforman el sistema financiero.
De acuerdo con el Art. 26 de la nueva Ley de Servicios Financieros, que establece que el “presupuesto anual” de la Asfi es cubierto por las entidades financieras, incluido el Banco Central de Bolivia (BCB) mediante “acuotaciones”; este diario envió un cuestionario el 3 de febrero con apenas nueve preguntas, que hasta la fecha (21 días) no ha sido respondido.
Solo un escueto correo electrónico de que “ella (la directora de la Asfi, Lenny Valdivia) tiene temas de mucha coyuntura que atender” fue la respuesta de la vocera de la institución, Gelgar Olmos, pidiendo un plazo hasta el 17 de febrero. Llegó ese lunes, tampoco hubo respuesta. Ese mismo día le enviamos —vía email— un recordatorio a la directora para decirle que estamos en la semana que la misma Asfi solicitó, pero no tuvimos respuesta hasta hoy. El mismo 3 de febrero, el cuestionario fue enviado a la Asociación de Bancos de Bolivia (Asoban) para acudir a la contraparte, pero tampoco responde. El argumento fue —vía secretaria— que “las preguntas son para la Asfi”. Es decir, ¿Asoban no sabe cuánto aporta anualmente para el presupuesto de la Asfi?
¿A cuánto asciende el presupuesto anual que recibe la Asfi de las entidades financieras? ¿Cuántas entidades aportan a la Asfi? ¿En qué invierte la Asfi esos recursos? ¿A cuánto asciende los recursos que recibe del BCB? ¿Quién fiscaliza los recursos que reciben? ¿Cuántas sanciones administrativas emitió la Asfi en las dos últimas gestiones? ¿Cuántas resoluciones por gravedad máxima, gravedad media, gravedad leve y gravedad levísima se emitió? ¿A cuánto asciende esos recursos recaudados y dónde se destina? ¿Qué opinión le merece el hecho de recibir recursos de la banca para su funcionamiento y fiscalizar al mismo sector? Estas son las preguntas que la Asfi ni Asoban responden. ¿Qué tienen que esconder cuando se habla de la transparencia de la gestión y el libre acceso a la información?
Como decía Nelson Mandela: ¿quis custodiet ipsos custodes? (¿quién vigila a los vigilantes?); creemos que el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la Asamblea Legislativa deberían convocarlos para que rindan cuentas de su “negación al acceso a la información” y violación al Art. 21 de la CPE, que garantiza el derecho de la población “a acceder a la información (pública), interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”.
