En Santa Cruz operan al menos 1.000 lenocinios, y la mayoría lo hace de manera ilegal, según advierte un reportaje publicado el domingo en La Razón. El hecho de que estos locales operen en la clandestinidad no solo constituye un serio riesgo para la salud de los clientes, sino también y sobre todo para la seguridad de las mujeres que trabajan en esos lugares.
Y es que, como bien advierten los expertos, la prostitución forzada es cada vez más extensa que la libremente ejercida, y justamente la falta de controles sobre los prostíbulos es uno de los principales escollos para combatir la trata y tráfico de personas. Cabe recordar que la explotación sexual es una violación permanente de los derechos humanos. Es imposible describir el infierno que viven muchas mujeres e incluso niñas y niños en esos establecimientos. Se sabe que las esclavas sexuales son alcoholizadas y drogadas para aguantar esta tarea, que a veces incluye satisfacer fantasías aberrantes. El maltrato físico y psicológico es también algo corriente, pues apunta a someter su voluntad para que no intenten escapar o denunciar a sus captores. De allí la importancia de regular y controlar los lenocinios, amén de reforzar otras medidas contra la trata y tráfico de personas. La falta de recursos no puede ser una excusa para evitar combatir estos delitos de lesa humanidad.
