Cincuenta años después de que el golpe del general Barrientos inaugurase dos décadas de gobiernos militares y autoritarios, Bolivia sigue sin proporcionar verdad, justicia y reparación a las víctimas de esa oscura época de su pasado.
La historia de la represión boliviana en los años 60, 70 y 80 es una historia mayormente ignorada. Ese olvido puede ser irreversible si las autoridades bolivianas no cambian su política hacia las víctimas y sus familiares. A ellas, y a todo el país, se les sigue negando la verdad de lo que sucedió. Y sucedió mucho entre 1964 y 1982. Según nuestros datos, más de 150 personas habrían sido sometidas a desaparición forzada y al menos 200 ejecutadas extrajudicialmente. Cerca de 5.000 sufrieron detención arbitraria y miles se vieron forzadas a partir al exilio.
Si bien el juicio al general Luis García Meza y sus más estrechos colaboradores fue de gran importancia en la lucha contra la impunidad, este esfuerzo no se ha traducido en posteriores procesos judiciales igualmente necesarios. Muchas personas siguen esperando justicia, y las familias de los desaparecidos siguen sin poder cerrar sus dolorosas heridas al no saber qué fue de sus seres queridos ni dónde están sus restos. El informe de Amnistía Internacional “No me borren de la historia. Verdad, justicia y reparación en Bolivia (1964-1982)”, que ayer publicamos, documenta las actuaciones del Estado boliviano para proporcionar remedio a las víctimas y sus familiares. Si bien hubo avances, las medidas se han implementado de forma fragmentada, lo que ha debilitado la coherencia de las mismas.
La Ley 2640 de 2004 de resarcimiento a víctimas de la violencia política, promulgada hace diez años, ha sido insuficiente e inadecuada. Aunque la norma estableció mecanismos para proporcionarles atención médica, honores y compensación, su aplicación no ha tenido un impacto positivo en las vidas de muchas de ellas. Tan solo en 2012, ocho años después de la aprobación de la ley, el Gobierno hizo pública una lista de personas a las que reconocía víctimas de los gobiernos militares y autoritarios bolivianos. De las más de 6.000 solicitudes presentadas, menos de un tercio fueron aceptadas.
Los estrictos requisitos impuestos por la ley y sus reglamentaciones, la rigidez de los plazos y la falta de información sobre el proceso han sido un obstáculo muchas veces insalvable para que las víctimas pudieran hacer valer sus derechos. Las personas reconocidas como víctimas tan sólo han recibido el 20% de la indemnización estipulada originalmente.
Muchas de las víctimas son de avanzada edad. En su vejez tienen que enfrentarse, a veces, no solo con circunstancias de enfermedad o de necesidad económica, sino también con la amargura que les provoca el nulo reconocimiento recibido por parte de las autoridades. Ellas y sus familias siguen recordando las degradaciones y sufrimientos que padecieron en el pasado como si hubieran sucedido ayer. Pero, además, el sentimiento de ser ignorados las convierte en víctimas de nuevo.
Un Estado boliviano que realmente quiera trabajar por los derechos y la dignidad de las personas debe tomar medidas para reparar adecuadamente a todos aquellos y aquellas que sufrieron la represión política de los años 60, 70 y 80. Es un paso imprescindible para asegurar que los crímenes vividos por ellos y ellas nunca más vuelvan a suceder en el país.
