Años atrás, cuando aún era Defensor del Pueblo, el actual Rector de la UMSA señaló en un discurso que los derechos humanos están en permanente construcción y que solo el día que todos esos derechos estén garantizados para todas las personas sin excepción, instituciones como el Ombudsman dejarán de ser necesarias. De ahí que siempre sea indispensable monitorear su avance.
En efecto, a esa tarea están abocados los Ombudsman o defensores del pueblo en todo el mundo, además de promover la existencia y el respeto de estos derechos. Pero como los DDHH son responsabilidad del Estado, y éste se compromete ante la comunidad internacional, es la máxima instancia de relacionamiento entre los países, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la que hace monitoreo sistemático. La entidad encargada de esta tarea es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y su representante en Bolivia presentó, días atrás, el informe correspondiente a 2013.
En dicho informe, la OACNUDH destaca los avances en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales en el país, la reducción de la pobreza, el hecho de que el país superara los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre el derecho al agua potable y la reducción de la tasa de abandono escolar. Asimismo, saluda la aprobación el año pasado de una ley integral para proteger a las mujeres frente la violencia machista, aunque recordando que para su aplicación es “imprescindible la asignación del presupuesto necesario en todos los niveles del Estado”.
Pero el informe también señala los asuntos pendientes para el Estado, entre ellos la protección de derechos de los pueblos indígenas, expresando que “continúa representando una desafío para el país” y pidiendo al Ministerio de Hidrocarburos mejorar el proceso de consulta a estos grupos sobre los proyectos en sus territorios y expresando su preocupación porque esas consultas no se apliquen en el sector minero.
Por otra parte, también recuerda que “Si bien las autoridades judiciales elegidas en 2011 han adoptado numerosas e importantes medidas, éstas aún no han podido revertir la profunda crisis en la administración de justicia, crisis que se profundizó aún más en 2013”, añadiendo que esa situación se caracteriza por problemas estructurales como la retardación, la insuficiente cobertura, el acceso limitado por parte de los sectores más vulnerables, la corrupción y la impunidad, situación caracterizada por el 75% de rezago judicial con el consiguiente hacinamiento en las cárceles y una insuficiente cobertura del Ministerio Público, del Servicio Nacional de Defensa Pública y del Instituto de Investigaciones Forenses.
Hay, pues, nuevamente señales de que los avances logrados en los últimos años son reconocidos dentro y fuera de las fronteras bolivianas, pero también de que es mucho lo que resta por hacer.
