Si desde hace años era más o menos bien conocido que el negocio del narcotráfico se había desplazado hacia el norte de Santa Cruz, en la provincia Ichilo, las recientes movilizaciones en Yapacaní —uno de los cuatro municipios de la zona— en contra de la construcción de un cuartel de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) no hacen sino confirmar la sospecha.
En efecto, ha sido el propio Ministro de Gobierno quien afirmó días atrás que Ichilo, con sus comunidades Yapacaní, San Germán, Kilómetro 7 y Buena Vista, se ha convertido en “el epicentro de producción de cocaína” en Bolivia, lo que justifica la construcción del mencionado cuartel para evitar, en palabras de la autoridad, que el narcotráfico tome el control total de la zona y se imponga “la ley del pichicatero”.
La preocupación de la autoridad no es para menos: según datos oficiales, la Policía antidrogas decomisó en el municipio cruceño de Yapacaní y sus alrededores un promedio de 800 kilos de cocaína por mes; asimismo, se informó que solo en 2012 la fuerza antinarcóticos destruyó en la zona 1.450 fábricas móviles de cocaína, en 2013 se destruyó 3.899 y en lo que va de la gestión, 703; finalmente, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) agregó que en las redadas se logró destruir al menos diez pistas clandestinas para narcoavionetas, decomisar 115 vehículos y confiscar 47 armas de fuego de diferente calibre.
El Subdirector de la FELCN reveló que, en la zona, los mototaxistas se prestan para realizar el servicio de alerta temprana, traslado de personas a fábricas, laboratorios y generar conflictos en los operativos que realizan las fuerzas del orden; asimismo, que los narcotraficantes utilizan a jóvenes y niños del lugar, a quienes les proporcionan cachorros de dinamita y petardos fulminantes para que se enfrenten a las patrullas y eviten las operaciones antidrogas en la región.
Desde el punto de vista de la población del lugar, la oposición a la construcción del cuartel de marras —que en rigor ya existe, pues el año pasado se instaló un campamento para 100 efectivos de Umopar— se fundamenta en un temor a posibles vulneraciones de derechos de las personas por parte de los uniformados, lo cual, sin embargo, no alcanza para negar que el narcotráfico ha logrado captar siquiera las simpatías de muchos pobladores de la zona, pues de seguro sus actividades, ilegales y nocivas para la salud de las personas tanto como de la sociedad, deben ser más rentables que la agricultura.
El reto del Gobierno está, pues, no en construir el cuartel pese a la activa oposición de los pobladores, sino en demostrar que la nueva política antidrogas sí tiene como premisa fundamental el respeto a los derechos humanos. Fallar en eso es dar razones a quienes hoy se oponen a la presencia de las fuerzas del orden en la zona.
