Días atrás, al cumplirse un año de iniciada la intervención a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), el Director de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) brindó un informe sobre los logros alcanzados, que se refieren a la solución de los problemas que motivaron la acción sobre la empresa, pero el principal de ellos sigue sin solución.
En efecto, la intervención, que debió terminar hace seis meses y fue ampliada por idéntico lapso, ha sido ampliada por segunda vez, ahora por 18 meses, pues hasta hoy no hay un operador que se encargue del servicio en La Paz y El Alto, pese a que al inicio del proceso se invitó a los gobiernos municipales de La Paz, El Alto, Achocalla, Palca, Mecapaca, Laja y Viacha a que presentasen propuestas para conformar una empresa metropolitana de agua y saneamiento.
Hasta donde se sabe, solo el Gobierno Municipal de La Paz presentó una propuesta, cuyo contenido no ha sido publicitado, y que la AAPS ha descartado señalando, en palabras del director de esa oficina, que “no sirve ni para el punteo”, lo cual ha sido prontamente replicado por el Alcalde paceño, quien opina que la intervención persigue únicamente rédito político en tiempo de elecciones. En cualquier caso, está claro que suspender la intervención ahora significaría condenar a la empresa al descalabro inmediato, precisamente por falta de un proyecto que la haga siquiera eficaz. Asimismo, es claro que cualquier posicionamiento al respecto tiene un trasfondo político, sin importar a cuál de los bandos pertenezca.
Respecto de los logros del primer año de intervención, además de que la empresa ya tuvo dos interventores, se informó que se incrementó la cobertura de agua del 90% al 95%, y la de alcantarillado del 67% al 70%; la producción subió a 110 litros por segundo; que la empresa se ha desconcentrado abriendo una agencia en la ciudad de El Alto; el Laboratorio de Control de Calidad de Agua fue acreditado y, finalmente, se cuenta con financiamiento para 16 proyectos de expansión de la red.
Esos logros no son menores, considerando que antes de la intervención la continuidad de la prestación del servicio de distribución de agua, insumo imprescindible para la vida cotidiana, estaba en riesgo, y así fue reflejado en numerosos comentarios publicados en esta página. Ante la imposibilidad de resolver el problema estructural, la AAPS está considerando acudir al Servicio Estatal de Autonomías y al Tribunal Constitucional Plurinacional para que éstas fuercen a los municipios a asumir su responsabilidad.
Por ahora, el equipo interventor tiene la misión de seguir haciendo funcionar la empresa responsable del más importante de los servicios básicos, pero también de encontrar una solución viable para asegurar su sostenibilidad en el mediano y largo plazos. Fallar en esta tarea puede ser catastrófico.
