El ahora postergado tratamiento del proyecto de Ley de Minería en la Asamblea Legislativa, cuya modificación derivó en el actual conflicto con los cooperativistas mineros, ha puesto en cuestión el modo en que se está legislando en el país. Asimismo, plantea preguntas acerca de la relación entre los órganos Ejecutivo y Legislativo sobre el desarrollo normativo.
Durante las casi dos décadas del periodo de la llamada “democracia pactada” (1985-2003), tanto la gobernabilidad como, en especial, la agenda legislativa en Bolivia se asentaron en coaliciones multipartidistas. Así, diferentes pactos entre partidos políticos, en especial la tríada “tradicional” ADN-MNR-MIR, garantizaban que el Gobierno de turno contara con cómodas mayorías parlamentarias oficialistas. Dichas mayorías aritméticas superaron incluso, en tres ocasiones, los dos tercios de parlamentarios.
En ese esquema hegemónico —celebrado por sus analistas impulsores, hoy en la oposición— surgieron evidencias de lo que luego se identificó como “partidocracia” (gobierno de los partidos). Y también fue claro que el Congreso Nacional se convirtió en “apéndice” del Poder Ejecutivo. En esos años también se hizo popular la expresión “levantamanos” para referirse a los parlamentarios del oficialismo que, sistemáticamente, aprobaban en bloque las leyes enviadas por el Gobierno e impedían acciones de fiscalización.
Esa apuesta por sostener mayorías oficialistas, más o menos disciplinadas, como base para impulsar la agenda legislativa, pareciera no haber variado sustantivamente en el presente. La experiencia demuestra que con una mayoría opositora se producen situaciones de bloqueo institucional. Es evidente así que hoy la mayoría de asambleístas del MAS encamina sin cambios las iniciativas legislativas del Gobierno. Aunque también de- sarrolla su propia agenda normativa, como ocurrió con las leyes orgánicas.
¿Qué pasó con la elaboración del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia? Se trató de una iniciativa del Ejecutivo que durante más de tres años impulsó su concertación con el principal beneficiario: los cooperativistas mineros. Concluido el proceso, el presidente Evo Morales envió el proyecto a la Asamblea Legislativa. “No tiene que cambiarse nada”, dijo. Contrariando el pedido presidencial, el oficialismo en Diputados hizo varios ajustes e identificó incluso un artículo constitucional.
Así, el Órgano Legislativo asumía su independencia al no aprobar “a fardo cerrado” la ley en cuestión. Pero pronto apareció el Ministro de la Presidencia anunciando que la norma volvía “a fojas cero”. Es evidente que dicha disposición debió ser comunicada no por el Gobierno, sino por la presidencia de la Asamblea o del Senado. Las señales, entonces, resultan contradictorias. Y dejan como agenda democrática la necesidad de una Asamblea Legislativa Plurinacional con mayor decisión y con voz propia.
