El sábado 5 de abril, este prestigioso medio de prensa publicó, en su sección Opinión, un artículo titulado Falklands y Crimea: Las 7 diferencias (NdE: escrito por Chris Wall, encargado de Negocios a.i. de la Embajada británica en La Paz, a propósito de una caricatura de Al-Azar el 30 de marzo). En defensa del pleno respeto de la libertad de expresión y la solución pacífica de las controversias, considero oportuno realizar algunas consideraciones sobre la Cuestión Malvinas.
La “Cuestión de las islas Malvinas” fue caracterizada así en 1965 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo expresamente, a través de sucesivas resoluciones y del Comité de Descolonización, que se trata de una situación colonial especial y particular que involucra una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, la cual debe ser resuelta mediante negociaciones entre las dos partes, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas.
La celebración de un referéndum en las islas Malvinas en nada altera la esencia de la Cuestión Malvinas y su eventual resultado no pone fin a la disputa de soberanía, ni a los incuestionables derechos argentinos. Como país comprometido con los derechos humanos, Argentina respeta el derecho a la libre expresión. Sin embargo, la solución a la disputa de soberanía no depende del resultado de un referéndum en el que súbditos de la Corona británica se manifiesten sobre su deseo de mantener el status quo.
Permitir que la población británica de las islas se constituya en árbitro de una disputa de la que su propio país es parte, tergiversa el derecho a la libre determinación de los pueblos, ya que no existe en la Cuestión Malvinas un pueblo sometido a la subyugación, dominación o explotación de una potencia colonial. Las Naciones Unidas han establecido claramente el modo de solucionar la disputa de soberanía, cual es la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas, y han excluido la aplicación del principio de libre determinación.
La comunidad internacional también tiene presente que los países miembros de la Unasur, del Mercosur y del Alba suscribieron una declaración especial en la que se hace alusión expresa al referéndum, manifestando que éste en nada altera la esencia de la Cuestión de las islas Malvinas ni pone fin a la disputa de soberanía.
Argentina ha señalado que mucho se ha escrito sobre la legalidad de la consulta popular convocada en Crimea. Las explicaciones giraron siempre alrededor de la interpretación de las normas ucranianas que estaban en juego. Estas interpretaciones, efectuadas desde distintos países, no eran académicas. En su mayor parte tampoco eran independientes de los intereses de los países u organizaciones internacionales que las hacían. En la génesis de esta crisis, un factor importante fue la división de opiniones dentro de Ucrania sobre el camino a seguir en negociaciones planteadas simultáneamente con la Unión Europea y la Federación Rusa; con claros alcances políticos, económicos y sociales, no solo para Ucrania sino para toda esa región.
En este caso, el declarado respeto al derecho internacional fue adaptado por los países que mayor influencia podían tener sobre la crisis a sus necesidades geopolíticas, buscando avanzar sus propios intereses sin importar el efecto que ello podía tener en la búsqueda de un clima de compromiso, imprescindible para alcanzar una salida pacífica a la crisis ucraniana. Por ello, en diversas oportunidades el Gobierno argentino advirtió sobre el claro doble estándar de los varios miembros de la comunidad internacional que así procedían. Una y otra vez nuestro país llamó a no interferir en los asuntos internos de otras naciones y a respetar la integridad territorial, pero a cumplirlos como principios universales y no como herramientas geopolíticas.
La Cuestión de las islas Malvinas, punto de antagonismo con un miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha contribuido a hacer de Argentina un reconocido y activo defensor del Derecho Internacional Público y de los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente del principio de Integridad Territorial. Es desde este lugar que denunciamos el doble estándar que aplican los países más poderosos de dicho principio, invocado a veces, olvidado otras tantas.
Tal como informara el canciller Héctor Timerman a la opinión pública internacional, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner seguirá denunciando en todos los foros multilaterales, que el uso de estos principios para promover objetivos coyunturales de unos u otros nos aleja de la construcción de un destino común, de un mundo en paz y de una comunidad internacional basada en el respeto.
