Cuando falta medio año para las elecciones generales en el país, las organizaciones políticas afinan sus candidaturas —algunas con curiosos experimentos de selección—, van tejiendo alianzas más o menos amplias y flexibles, lanzan atisbos programáticos y hacen prematuras campañas. Lo que resta es que el Órgano Electoral emita la convocatoria oficial a los comicios.
Originalmente, las elecciones de este año debían realizarse en diciembre, como ocurrió en 2009. Empero, ante la previsión de una hipotética segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) insinuó que la votación podría adelantarse. Aún no se sabe la fecha de los comicios, pero en principio se da por sentado que serán el mes de octubre. Este dato es fundamental en razón a los diferentes plazos que se establecen en el calendario electoral correspondiente.
¿Por qué el TSE no ha aprobado hasta ahora la convocatoria a las elecciones? El motivo formal es que aún está en plazo para hacerlo, pues la norma electoral establece que los comicios deben ser convocados al menos 150 días antes de la votación. Pero, sin duda, la causa real es que las y los vocales aún no han logrado ponerse de acuerdo en la redefinición de las circunscripciones uninominales. Se trata de un asunto sensible que, dependiendo de cómo se haga, tiene diferentes efectos electorales.
Pero el día de la votación para el binomio presidencial, senadores y diputados, también se ha previsto la posibilidad de que la ciudadanía elija directamente a las y los representantes de Bolivia ante organismos parlamentarios supranacionales. La semana pasada fue presentado un proyecto de ley para viabilizar tal proceso por mandato de la Constitución. Esta inédita elección requiere una convocatoria específica que esta vez no será emitida por el TSE, sino por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Está también en agenda, como hemos insistido en este espacio, la convocatoria a referendos para que la ciudadanía apruebe estatutos departamentales, cartas orgánicas municipales, un estatuto regional y estatutos de autonomías indígenas. Este proceso depende por ahora de los tiempos, extremadamente lentos, del Tribunal Constitucional Plurinacional para el control de constitucionalidad correspondiente. Y es una votación que podría realizarse, o no, el mismo día que los comicios presidenciales.
Tenemos entonces este año una agenda democrática de votación que combinará procesos electorales y referendarios tanto para la elección de autoridades y representantes en el ámbito nacional, como para el impulso del proceso autonómico en el país. Una agenda, ya en cuenta regresiva, que está a la espera de sus convocatorias y calendarios. Una agenda electoral, en fin, que se anticipó a los plazos de la norma y, sin tregua, va delineando y anticipando el escenario de lo que pronto será una contienda electoral en forma.
