Esta semana se han cumplido cinco años desde aquel 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial culminó con la muerte de tres presuntos terroristas, el arresto de otros dos y, sobre todo, la desarticulación de un movimiento separatista que había comenzado a echar raíces en Santa Cruz. Sin embargo, la justicia todavía es algo lejano para los involucrados.
El operativo policial desplegado en un céntrico hotel de Santa Cruz de la Sierra es, por donde se lo mire, un parte aguas para el proceso político boliviano, que hasta ese momento había acumulado peligrosas tensiones, llevando a dirigentes y financiadores de las más extremas posiciones opositoras al Gobierno democráticamente electo a considerar posibilidades como la que encomendaron a un boliviano-croata de nombre Eduardo Rózsa, quien contrató a otros cuatro mercenarios para intentar la “liberación” del departamento oriental, según las primeras investigaciones.
Lo más notable del caso y su resolución no fue la aniquilación de la “célula terrorista” o la violencia empleada para el efecto, sino las muchas consecuencias que tuvo. Baste con señalar que 39 personas están acusadas de distintos delitos asociados a la organización, financiamiento y apoyo a la aventura del grupo, 17 de los cuales han huido del país, y que las estructuras de oposición resultaron severamente dañadas. Lo más importante de todo: el proceso de odio desmedido que estaba germinando en el oriente del país fue detenido y, si bien no puede decirse erradicado, es poco probable que vuelva a ser el combustible para nuevos intentos de esa naturaleza. Al menos no en el corto plazo.
Sin embargo, el caso que durante los primeros meses mostró, por un lado, los peligros que se ciernen sobre la democracia cuando las élites se sienten amenazadas y, por el otro, a un gobierno firme y dispuesto a evitar por cualquier medio la desintegración del país, poco a poco fue transformándose en una parodia jurídica en la que el fiscal encargado del caso terminó mostrando un comportamiento errático hasta el extremo que poco tiempo atrás huyó a Brasil, donde ha solicitado refugio político y ha denunciado una conspiración gubernamental contra los involucrados.
La pésima actuación de este fiscal, sumado a una interminable sucesión de incidentes jurídicos, cuando no burdas “chicanas” de los abogados de los procesados, ha causado la dilación del proceso al extremo que hoy nadie parece tener las mismas certezas al respecto que en 2009 y parecen multiplicarse las voces en favor de los detenidos, sin importar si son o no culpables de lo que se les acusa.
El caso Terrorismo es una página oscura en la historia reciente, y no es aceptable desde ningún punto de vista que termine en la incertidumbre. Solo si se garantiza la correcta actuación de la justicia podrá considerarse una lección aprendida para el país.
