Una de las más pesadas herencias del periodo neoliberal que vivió Bolivia entre 1985 y 2005 es, sin duda, la cantidad de personas dedicadas al comercio informal en todas las ciudades del país. En La Paz, el Gobierno Municipal lleva años buscando soluciones a los desafíos que esta población plantea y, sin embargo, la ciudad aún parece un enorme mercado callejero.
En efecto, un censo de comerciantes en 2003 contabilizó 39.815 gremiales en la ciudad de La Paz, y es fácil imaginar que desde entonces hasta ahora la cantidad solo puede haber aumentado, sobre todo considerando que cuando se habilitaron grandes zonas comerciales para acomodar a los vendedores callejeros, como el pasaje Marina Núñez del Prado, los espacios que quedaron libres en calles y avenidas pronto fueron ocupados por otras personas.
Según la Dirección de Mercados del Gobierno Municipal, de cada 100 comerciantes que copan las arterias y plazas de la ciudad, 46 están en el Macrodistrito Centro; 29, en el Max Paredes; 13, en el Cotahuma; seis, en el Periférica, y solo tres en el Sur. En total, 28.821 gremiales figuran en los registros y tienen autorización para la venta de toda clase de bienes en tarimas, quioscos, con puestos fijos o ambulantes; este registro se cerró en 2008 y ninguna persona puede engrosar esa cifra.
El registro es fruto de una Ordenanza Municipal emitida en 1994, que entre otros aspectos reconocía el derecho a las personas registradas a ejercer actividades comerciales en las calles y disponía que dicha autorización era intransferible; sin embargo, es bien sabido que en muchos casos el puesto callejero es heredado de una generación a otra o, más comúnmente, vendido por entre $us 3.000 y $us 7.000 dependiendo de la zona.
En la búsqueda de soluciones, el Gobierno Municipal, además de construir o reconstruir mercados con espacio suficiente para albergar a más vendedores en las mejores condiciones posibles, puso en marcha el año pasado un programa de capacitación gratuita para los hijos de los vendedores en vía pública para que dejen la actividad de sus padres y, así, se reduzca la cantidad de gremiales en la urbe. Según el Director de Mercados, “150 hijos fueron beneficiados con esta iniciativa y ya están trabajando en otros lugares”.
No obstante, la problemática de los comerciantes callejeros no es únicamente atribuible a este sector, cuyos dirigentes, además, son conscientes de la capacidad de movilización de sus grupos y logran presionar exitosamente a las autoridades locales, sino también a la población urbana en general, que alienta el comercio informal al comprar “al paso”. Así, es previsible que la situación solo cambie cuando la población comience a evitar el comercio callejero y prefiera entrar a los mercados, cosa poco probable sin normas que lo hagan obligatorio.
