Con el anuncio de una “sorpresa” en materia salarial de parte del Ejecutivo, en el transcurso de esta semana se reanudará la negociación entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), con el objetivo de establecer los porcentajes correspondientes al incremento salarial y el salario mínimo vital que regirá por un lapso de un año.
Resulta del todo innegable la legítima compensación por la pérdida del poder adquisitivo del salario por efecto de la inflación, sin embargo, el tratamiento del incremento debiera además constituirse como efecto asociado a la elaboración de una política del trabajo de largo plazo consistente con las necesidades de impulsar la mayor cualificación de la mano y mente “de obra”.
Desde esa perspectiva es imprescindible que las autoridades del sector desarrollen una política asociada a la cualificación de la mano de obra física e intelectual como factores elementales para que los y las trabajadores/as perciban un mejor salario asociado a sus habilidades, destrezas, valores y conocimientos, y no restringir el pliego petitorio a la búsqueda de una compensación de corto plazo que en muchos casos ni siquiera logra cubrir la pérdida del poder adquisitivo asociada a la canasta familiar.
Entonces, el tratamiento de un incremento a las remuneraciones debiera concentrarse en factores como la productividad, más no en consignas con mucho de candor político. En este sentido, la necesidad de contar con una política de Estado de largo plazo asociada al mejoramiento cualitativo de las capacidades de los obreros de overol y traje es más que preponderante con la perspectiva de contar con un conjunto de trabajadores bien remunerados en función a sus capacidades.
Ojalá que los encuentros entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana sean los espacios propicios para delinear una estrategia concreta para que los trabajadores bolivianos cuenten con las opciones de mejorar sus habilidades de trabajo. Una mano de obra con mayores calificaciones técnicas es más productiva, efectiva y eficiente por lo que en el largo plazo cuenta con mayores grados de libertad para solicitar una retribución más justa y equitativa.
La necesidad de contar con una política de Estado asociada al desarrollo laboral es un elemento que podrá brindar certeza y confianza a largo plazo a empresarios y en este sentido el esfuerzo gubernamental y de los dirigentes cobistas debieran, además de exigir una compensación por la inflación, clamar por mejores condiciones de cualificación por parte de los empleadores, considerando que la tecnificación de la mano de obra es un factor clave para asegurar, productividad, estabilidad laboral y salarios dignos.
