Luego de semanas de bloqueos, movilizaciones y dinamitazos, finalmente los dirigentes de las cooperativas mineras accedieron a sentarse en la mesa de negociación con el Gobierno, para lograr algunos acuerdos necesarios para encaminar la aprobación de la Ley de Minería, cuyo texto fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional a mediados de marzo.
El proyecto de ley, a juicio de las autoridades del Legislativo, contenía una serie de beneficios extraordinarios para los cooperativistas mineros, hasta el punto de vulnerar el mandato constitucional que le otorga al Estado la obligación de aprobar los contratos de explotación de recursos naturales por parte de empresas transnacionales.
A su vez, las organizaciones de regantes también pusieron reparos al proyecto, pues, según su análisis, dicho texto no contenía las salvaguardas necesarias para proteger los recursos hídricos de los efectos nocivos de la contaminación ocasionada por la explotación minera.
En el fondo de la discusión está el hecho de que, al menos parcialmente, la dirigencia de los cooperativistas mineros defiende intereses de entidades que ya no corresponden a la forma organizativa de la cooperativa y, más bien, han transitado el camino hacia una forma más propia de una empresa privada que cuenta, por un lado, con uno o varios socios que poseen capital, maquinaria, recursos productivos, la concesión minera; y, por el otro, con trabajadores y trabajadoras que solo tienen para ofrecer sus brazos a cambio de un jornal o de un pago a destajo por explotar los parajes mineros.
El argumento de los dirigentes de las cooperativas puede ser absolutamente cierto: la baja ley del mineral en varias de las concesiones mineras que están a su cargo requiere de tecnología más avanzada, que es la que ofrecen las empresas medianas y grandes, y las transnacionales. En efecto, una asociación entre cooperativas y empresas grandes (nacionales o transnacionales) puede ser beneficiosa en términos de rentabilidad de la explotación minera.
Así, no es necesaria mucha ciencia para darse cuenta de que estamos frente a una asociación entre dos entidades privadas que están realizando un trato para obtener ganancias. En ese caso, no debería caber la posibilidad de que se escuden tras la representación de una cooperativa, que tiene condiciones tributarias mucho más flexibles, por su carácter social y sin fines de lucro. Máxime si se trata de la participación de una empresa transnacional, pues, según la Constitución, los recursos del subsuelo son propiedad de todos los bolivianos y bolivianas, y son administrados por el Estado.
Solo queda hacer votos por que el resultado de la negociación entre el Gobierno y los cooperativistas mineros respete los derechos de la ciudadanía, de los demás sectores involucrados, como los regantes y campesinos, y del Estado, en su cualidad de gestor del bien común.
