El genial Zavaleta nos recordó que el Estado es la síntesis connotada de la sociedad y que el Ejército es la síntesis connotada del Estado. Con estas líneas en mente, quisiera analizar algunos aspectos que hacen a la cara y cruz del reciente conflicto (sí, otro más) que ahora protagonizan (al momento de escribir estas líneas, esto es) los suboficiales de las FFAA.
Por un lado la cosa parece clara: el Ejército no es una institución ni democrática ni deliberativa. No puede ser. ¿Se imaginan que en medio de una hipotética contienda armada los soldados vayan haciendo consultas entre ellos para decidir quién dirige la cosa? O, peor aún, ¿que se someta a votación la decisión del (¿democráticamente elegido?) comandante para validarla entre “las bases”? El resultado inmediato sería, por supuesto, una derrota en forma. No se puede, pues, tener una fuerza armada que delibera. De hecho, la Constitución pone límites claros en este aspecto.
Por esa lógica, y por lo poco que sabemos los civiles desde fuera de las murallas de los cuarteles, más o menos todo el mundo sabe que cuando uno entra al Ejército entra a una entidad estratificada, con jerarquías, una institución en la que los recién iniciados no mandan a nadie y son mandados por cualquiera que tenga un punto más de antiguedad. Así nomás es. Y es que cuando un “mostrenco” se inicia en la carrear militar, sabe (por decir algo) que la Escuela de Suboficiales le permitirá, como máximo grado, convertirse en suboficial; y que si ingresa al Colegio Militar, tendrá como máxima aspiración convertirse en General. Eso no es ningún secreto, y no hay ningún engaño en que así sea.
Pero resulta que hubo un grupo de suboficiales que bajo el lema de la lucha contra la discriminación, en tiempos de cambio (y en año electoral), para más datos- inician una movilización entre sus camaradas para que el fin de la discriminación (para los suboficiales y sargentos) se materialice en una ruta de ascensos de grado que no había sido prevista. Hacen la propuesta con anteproyecto de ley en la ALP y movilización en las calles. En fin, eso es lo que “los civiles” nos hemos enterado por prensa, pues los movilizados no han hecho público su “pliego petitorio”. No obstante la consigna (acabar con la discriminación) ha sido muy inteligente y pertinente en la Bolivia del proceso de cambio. Así, los suboficiales han logrado movilizar la simpatía y solidaridad de algunos sectores de la sociedad. Y este es el otro lado de la moneda. Parece sensato, pues, que todos gocemos de los mismos derechos: iguales oportunidades en educación y salud, para empezar. Este es un punto de vista que es aceptado en el Gobierno.
Otro aspecto del otro lado de la moneda es que a la sociedad no le asombra ver a los militares (esta vez sí) en marcha de protesta. La gente que salió el jueves a saludar la marcha de los suboficiales, con fondo musical del Salve oh patria estaba genuinamente conmovida y sentía auténtica solidaridad. ¿Solidaridad con qué? Únicamente con la consigna de no discriminación, porque la gente de la calle desconoce el verdadero pliego petitorio de los militares movilizados. Y parece un sentido común que cualquier sector descontento con el tratamiento que el Estado le da tiene el derecho a movilizarse.
Interesante situación, desde el punto de vista de un partido que se apresta para su tercera gestión. Dilemas: ¿seguimos valorando la capacidad de movilización de la sociedad organizada? ¿Incluso para los militares? ¿Le ponemos un freno brusco? ¿Buscamos un sano equilibrio? ¿Sano para quién? Me cae que la respuesta a estas interrogantes será una urgencia en el próximo periodo de configuración de la relación Estado-sociedad.
Es economista.
