Cinco adolescentes se emborrachan mientras llevan puesto el uniforme de su colegio; en ese estado, se enfrascan en una pelea con una persona en la calle y, finalmente, la dirección del colegio decide expulsarlos, citando además sus antecedentes de mala conducta. Sin embargo, el problema, lejos de resolverse, se agrava al denunciarse discriminación contra esos jóvenes.
En efecto, la respuesta de los padres de los jóvenes indisciplinados se dirigió contra el colegio, exigiendo la restitución de sus hijos. Para tal efecto, denunciaron ante la Dirección Departamental de Educación (DDE) la supuesta vulneración del derecho de sus retoños a la educación. La DDE, aparentemente desconociendo el hecho de que los demandantes han aceptado el estatuto del colegio, donde se especifica que actos de inconducta como los arriba señalados son causal para la expulsión, ordenó al colegio restituir a los jóvenes. Hasta ese momento, tres de los cinco adolescentes ya se habían cambiado de escuela, pero dos insisten en estudiar allí donde no son bienvenidos.
En protesta, los maestros decidieron suspender las clases el jueves y viernes de la semana pasada. Por su parte, el Director Departamental de Educación rechazó “la determinación del plantel docente, que impide el retorno al colegio de los estudiantes implicados en este problema, que más allá de las faltas que hayan tenido tienen el derecho a la educación”.
Al no haber una solución definitiva al conflicto, la junta de padres de familia de ese establecimiento decidió no enviar a sus hijos a clases hasta que “los alumnos indisciplinados” sean retirados. Al respecto, el abogado de la junta escolar explicó que cada uno de los padres optó de manera voluntaria por la medida en contra de la restitución: “Un acto de indisciplina de los estudiantes que afecta el reglamento no puede ser permitido o tolerado por el establecimiento”. Es fácil imaginar que muchos padres y madres temen por la seguridad de sus retoños si comparten con jóvenes de tales antecedentes o, peor, que imiten el mal ejemplo. El resultado de tan bizarra situación es que, en nombre del derecho de esos cinco jóvenes a la educación, 995 niños y adolescentes no pueden pasar clases.
En cualquier caso, los primeros en afectar el derecho a la educación de esos jóvenes son sus padres y madres, quienes lejos de educarlos, en el sentido más apropiado de la palabra, socapan su indisciplina a través de discutibles decisiones de una autoridad educativa aparentemente incapaz de evaluar el contexto de la decisión del colegio.
Finalmente, el modo en que este caso sea resuelto probablemente sentará un precedente para el sistema educativo cruceño, por lo que es de esperar que, sin que se vulneren los derechos de los adolescentes involucrados, la solución sea ejemplar y favorable a todo el estudiantado.
