La ejecución fallida de un hombre de 38 años en el estado de Oklahoma, EEUU, quien tuvo que padecer convulsiones y fuertes dolores durante 43 minutos antes de morir, ha puesto nuevamente al descubierto la brutalidad de la pena de muerte, así como la pertinencia de que un Estado se arrogue el derecho de asesinar a sus ciudadanos.
Más allá de la terrible agonía que sufrió Clayton Lockett el martes, luego de recibir una fallida mezcla de drogas (y que se repite en mayor o menor media en los diferentes países que aún ejercen la pena capital), lo más grave de una sentencia a muerte radica en el riesgo de cometer un error irreparable: se puede liberar a una persona inocente de la cárcel, pero no de la tumba. Esto sin olvidar que está ampliamente comprobado que este tipo de sanción no ha logrado reducir el índice de criminalidad en ninguna parte del mundo.
Al respecto, huelga recordar el caso de Troy Davis, un hombre de raza negra de 42 años ejecutado en septiembre de 2011 luego de ser condenado, en 1991, a la pena capital, en un proceso plagado de irregularidades. Nunca se encontró el arma homicida ni se aportaron pruebas de ADN; incluso siete de los diez testigos que un principio lo incriminaron posteriormente se retractaron. Aún así, Davis fue ajusticiado por el estado de Georgia, EEUU.
