Entre las principales medidas del proceso de descolonización del Estado iniciado en 2006 se cuenta la creación del Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, que luego fue reforzada con una disposición específica en la Constitución Política del Estado y, en diciembre de 2013, con una ley específica. Sin embargo, el proceso tiene sus complicaciones.
Junto con el reconocimiento formal de las prácticas y conocimientos ancestrales de medicina hubo no solo una mayor visibilización de quienes practican esta forma de curar el cuerpo y el alma, sino también un incremento en la confianza de las personas hacia su trabajo, sobre todo considerando que la biomedicina siempre fue lejana para los segmentos más pobres y marginales de la sociedad, ora porque los centros de salud estaban lejos de su alcance, ora porque los propios galenos hacían pocos esfuerzos por mostrarse confiables (falta de calidez y calidad, se les ha reclamado constantemente).
La Ley 459, de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, promulgada en diciembre último, define a la práctica de la medicina tradicional como la aplicación del conjunto de conceptos, conocimientos, saberes y prácticas milenarias ancestrales que se basan en el uso de recursos materiales y espirituales para la prevención y curación de enfermedades, toda vez que se respete la relación armónica entre las personas, familias y comunidad, con la naturaleza y el cosmos, en el marco del Sistema de Salud.
Sin embargo, incluso si desde un punto de vista humanista la práctica de la medicina tradicional parece más amigable con el paciente y sus dolencias, lo cierto es que estos conocimientos no siempre son bien administrados o, peor, quienes se declaran médicos tradicionales no siempre tienen el conocimiento o la experiencia suficientes para tan delicada labor. Al respecto, la última edición de Informe La Razón da cuenta de numerosos casos de mala praxis y de la urgencia de establecer un marco normativo para resolver y, con el tiempo, eliminar estos riesgos para las personas.
El problema con la norma, que contiene disposiciones generales para hacer frente a casos de negligencia de parte de los prestadores de este servicio, es que aún no ha sido reglamentada y, por lo tanto, no está en plena vigencia. El primer paso para resolver el problema se dio días atrás, cuando comenzó un proceso de registro de las y los practicantes de la medicina tradicional, lo cual debiera dar paso a un mayor y mejor control de sus actividades profesionales.
Es muy fácil que la difusión de casos de mala praxis provoque un nuevo proceso de desconfianza hacia esta forma de medicina, por lo que urge aclarar el marco en el que se desenvuelve, ya que, lejos de merecer descrédito, estas prácticas deben ser alentadas y estudiadas, pues es mucho lo que se puede aprender de estas formas de curar cuerpo y alma.
