La venta y circulación de vehículos indocumentados en el país es un inmenso problema, que pone en figurillas al Estado. En octubre de 2012, militares y policías intervinieron Challapata, hasta entonces uno de los principales puntos de acopio y comercialización de automóviles chutos. Después del operativo, este ilícito negocio sencillamente se trasladó a otra localidad, Uncía.
En efecto, un periodista de La Razón viajó hasta el lugar y constató que la venta de automotores sin papeles goza de muy buena salud en ese municipio, ubicado al norte de Potosí. Allí no solo se pueden encontrar vehículos ideales para el transporte público, como las vagonetas Toyota Noah, sino también camionetas 4×4, a un tercio de su valor de mercado.
Además del carro, los comerciantes ofrecen todos los implementos para que éste pueda atravesar las trancas y circular por el país sin problemas: placas, roseta de inspección técnica, seguro contra accidentes y el sticker para comprar carburantes. Todo ello por el módico precio de Bs 1.000 adicionales. Otro de los servicios que ofrecen es la entrega a domicilio del vehículo a cualquiera de las ciudades del eje. El traslado cuesta entre $us 100 y 200.
Según explican los chuteros, las matrículas son clonaciones de otras que pertenecen a vehículos legales con las mismas características. Lo que permite suponer que aún existen mafias insertas dentro de las dependencias policiales responsables de controlar el parque automotor. Este hecho podría explicar en parte por qué algunos conductores deben pagar infracciones que nunca han cometido a la hora de realizar la inspección vehicular.
Eso sí, añaden los contrabandistas, hay que tener mucho cuidado con los accidentes, pues esa es la “única” forma de que las autoridades se den cuenta de que los vehículos circulan con placas falsificadas. No obstante, en realidad existen otras formas en las que este tipo de ilícitos pueden ser descubiertos. Cabe recordar por ejemplo que en mayo de 2011 se destapó un escándalo de falsedad material e ideológica dentro de Diprove, cuando la ingenuidad del cabo Germán Loza Solano lo llevó a dejar a la vista su credencial de esa repartición policial para poder estacionar un vehículo con placas clonadas en un lugar prohibido, sin tomar en cuenta que el dueño de las matrículas originales podía reconocerlas, tal como sucedió.
Ahora bien, habida cuenta de que la legalización indiscriminada de estos vehículos indocumentados no es una solución, ya que esto podría dar lugar a la internación legal de automóviles robados; y que el Estado no tiene la capacidad para combatir este ilícito negocio, sería bueno que el Gobierno baraje otras alternativas, como la de equiparar parcialmente los precios de un carro legal con uno sin papeles, y eso pasa necesariamente por reducir los impuestos, o en su defecto, promover la fabricación o el ensamblaje local de automotores.
