El martes, sin que medie explicación alguna, el director nacional de Salud, Rubén Colque, se negó a proporcionarle información a una reportera de este diario. Esto después de que se le dijese que (por órdenes de una edecán del Ministro de Salud) tenía prohibido el ingreso a las instalaciones de esa cartera ministerial. Además del trato cordial y respetuoso que toda persona merece, las autoridades que incurrieron en estos abusos han pasado por alto algunas leyes y principios democráticos que conviene recordarles.
Por ejemplo, que la información pública es un derecho ciudadano, amparado por la Constitución Política del Estado; y que los costos en los que incurren para generar los datos que manejan, al igual que sus salarios, son pagados por los impuestos de todos los bolivianos. De allí que se les denomine servidores públicos, en el entendido de que su labor debe orientarse a promover el bienestar de todos los ciudadanos.
Asimismo, se les olvida que el acceso a la información es un derecho democrático, imprescindible para el control de las políticas públicas por parte de la ciudadanía, así como también para la adecuada toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado. Y todo ello pasa necesariamente por permitir y facilitar la labor de los periodistas.
