Que Bolivia tiene un patrimonio cultural tan vasto y rico como su diversidad cultural y geográfica es cosa bien sabida, y aún mejor sabido es el hecho de que parte de este patrimonio, especialmente el que está fuera de las ciudades principales, está desprotegido. La Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, aprobada días atrás, es una respuesta apropiada a este problema.
En efecto, hasta ahora numerosos bienes muebles e inmuebles, cuyo origen se remonta en muchos casos a antes del periodo colonial, carecen no solo de una apropiada catalogación, sino también de claridad sobre el derecho propietario y la responsabilidad de custodiarlos y conservarlos. La norma, que está lista para ser promulgada por el Presidente del Estado, busca resolver esos vacíos.
Propuesta el año pasado, luego del hurto ocurrido en el Santuario de Copacabana, de donde desapareció parte del ajuar de la Virgen, la norma no ha estado exenta de controversia durante su tratamiento, sobre todo cuando la Cámara de Diputados, instancia revisora del proyecto, modificó varios artículos referidos específicamente al derecho propietario de algunos de estos bienes que pertenecen a la Iglesia Católica, nombrándola únicamente “custodio” de las edificaciones y las riquezas acumuladas en ellas.
Al respecto, uno de los senadores del partido en función de gobierno explicó que el cuerpo legal sancionado el viernes anterior reconoce este derecho: “No todos los patrimonios son propiedad del Estado; nosotros declaramos que un bien es patrimonio y a veces el objeto, edificio o costumbre pertenecen a instituciones como la Iglesia Católica y a los gobiernos regionales”.
Naturalmente, la Conferencia Episcopal de Bolivia reclamó en su momento, y su gestión, ya se ha visto, tuvo éxito. Lo bueno de este conflicto, parece ser, es que a tiempo de reconocerse la potestad de la institución religiosa, se le otorga la responsabilidad de proteger y cuidar dicho patrimonio, pues ha sucedido ya varias veces que la curia se ha rehusado a costear el mantenimiento de sus edificios coloniales, sobre todo cuando por su antigüedad sufrían daños mayores.
A su vez, el Ministro de Culturas señaló que el decreto reglamentario de la ley, a ser elaborado en el marco de lo dispuesto por la norma cuando haya sido promulgada, establecerá las competencias específicas, así como los derechos y deberes, de cada una de las instancias involucradas en la gestión, preservación y protección de la heredad nacional.
La norma que motiva este comentario era una necesidad urgente desde hace ya mucho tiempo, el vacío que viene a cubrir es grande, y por ello urge que la reglamentación sea trabajada en el plazo más breve posible, pero sobre todo que comience a aplicarse antes de lamentar nuevamente la pérdida de tesoros históricos que le pertenecen a todo el país.
