En abril de 1962 se produjo un acontecimiento tremendamente dañino para las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia. El presidente chileno Jorge Alessandri autorizó el desvío de una parte del río Lauca para el riego del valle de Azapa, un oasis en medio de las desérticas tierras cercanas a la ciudad de Arica. Este acto indispuso seriamente la relación diplomática y a la par reavivó la cuestión marítima boliviana.
El Lauca es un río internacional de curso sucesivo que nace en territorio chileno, pasa por Bolivia (en su mayor longitud) y termina en la laguna de Coipasa, departamento de Oruro. Existen registros documentales de que ya en 1939 el Gobierno chileno manifestó su intención de iniciar los trabajos de desvío del río Lauca. El Gobierno de Bolivia, enterado de dicha situación, envió a la Embajada de Chile en La Paz una nota expresando su reserva. Ocho años después, en noviembre de 1947, nuevamente Bolivia dirigió una nota a la Cancillería chilena pidiendo que le proporcione el proyecto completo de las obras que Chile tenía previsto realizar para consumar el desvío.
La historia relativa a este hecho tiene muchas más aristas y no es el propósito de este artículo abordarlas, sino referir que al producirse las obras civiles que finalmente rematarían en la apertura de compuertas en el lugar llamado Chapiquiña (y se consumara el desvío de las aguas del Lauca) Bolivia acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) formulando el reclamo en sentido de que Chile había procedido al embalse en perjuicio de Bolivia. El Consejo de la OEA se pronunció el 24 de mayo de 1962, y ofreció a los gobiernos de Bolivia y Chile su intervención en el marco del Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas de Controversias (Pacto de Bogotá). El señalado Pacto de 1948 incluye varios mecanismos de solución de controversias, tales como la mediación y el arbitraje internacional. Un dato llamativo es que Bolivia aceptó someter la situación del río Lauca a una mediación como sugería el Consejo de la OEA, pero fue Chile quien rechazó dicha sugerencia y propuso someter el diferendo nada menos que a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Sin embargo, Bolivia sintió que la OEA no atendió la protesta boliviana con la prontitud y diligencia del caso, generándose una ola de críticas ante la pasividad de la organización interamericana que tenía como secretario general al uruguayo José Antonio Mora. En efecto, la OEA no avanzó más y Bolivia entró en exasperación. A seis meses del dictamen del Consejo aún no existía una resolución más firme que condenase a Chile. La delegación boliviana comunicó entonces que no asistiría más a las sesiones del Consejo de la OEA (3/09/62). Dicho retiro temporal tenía el propósito de presionar al organismo para que actuara de forma más decidida.
A mediados de 1963 Bolivia oficializó su retiro definitivo de la OEA, lo que provocó una seria crisis del organismo, que antes había decidido la expulsión de Cuba y sentía las amenazas de Ecuador de retirarse también de su seno (para entonces Ecuador sostenía un conflicto limítrofe con el Perú). La comunicación boliviana en sentido de que dejaría de forma definitiva al ente interamericano con sede en Washington y que nació precisamente en 1948 removió con intensidad las bases mismas del organismo. Se escucharon voces críticas al accionar de la OEA desde México hasta Argentina, calificando su actitud de inoperante; no faltaron quienes defendían a la OEA indicando que la entidad carecía de competencia para lograr una solución al diferendo ocasionado por el desvío de las aguas del Lauca.
Sin embargo de la comunicación de retiro definitivo cuando la Cancillería boliviana estaba al mando de José Fellman Velarde, el gobierno militar surgido en noviembre de 1964 encabezado por el Gral. René Barrientos Ortuño decidió retornar al seno de la OEA.
