El lunes, el Ministro de Gobierno, acompañado de la dirigencia de una de las más importantes organizaciones indígena originario campesinas del país, presentó al Presidente del Estado el anteproyecto de Ley de Consulta Previa Libre e Informada, una de las normas centrales para el proceso de descolonización. La Asamblea Legislativa debe ahora revisar y aprobar el proyecto.
En el acto de entrega se hizo énfasis en el hecho de que fueron el Gobierno y las representaciones de organizaciones indígenas originaria campesinas los que lograron redactar en consenso el anteproyecto de Ley de Consulta Previa Libre e Informada. Al respecto, el Ministro de Gobierno explicó que el proyecto de ley es resultado de un proceso en el que participaron más de 4.000 representantes de diferentes organizaciones de base, delegados de ocho ministerios de Estado y de ONG. En total, se invirtieron 18 meses de trabajo, dijeron los dirigentes.
El artículo 30.II de la Constitución Política especifica que las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan, entre otros, del derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
En ese sentido, la experiencia gubernamental en el polémico proceso de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que concluyó con la realización de una consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y no con la inauguración de la obra, es el más importante antecedente para la norma que aquí se comenta, precisamente porque algunos sectores indígenas se opusieron a los trabajos por no haber sido oportunamente consultados. Vale la pena recordar que la consulta concluyó con un acuerdo para construir la carretera.
A su vez, el Mandatario señaló en el acto de presentación del anteproyecto que es necesario no solo que el Legislativo apruebe cuanto antes la norma, sino también que los procesos de consulta que se ejecuten sean igualmente expeditos, dado que, de no ser así, los proyectos de desarrollo, particularmente en infraestructura y explotación de recursos naturales, podrían verse postergados.
Se ha dado, pues, un importante paso en el establecimiento de la institucionalidad necesaria para el ejercicio de los derechos que la CPE garantiza a los pueblos y naciones indígena originario campesinos, toca ahora que la Asamblea Legislativa ejecute su trabajo de la mejor manera posible, y que Bolivia vuelva a mostrar su liderazgo global en estos asuntos.
