Meses atrás, el Gobierno anunció su intención de edificar un cuartel antidrogas en la localidad cruceña de Yapacaní, dentro de la zona roja del narcotráfico identificada por las autoridades policiales. Además de constituirse en un necesario lugar de descanso y entrenamiento para los uniformados que realizan las tareas de interdicción, un establecimiento de esta naturaleza resulta esencial para mejorar la efectividad de los operativos antidrogas, según explicó el Viceministro de Defensa Social.
Pese a esta importante función, o quizás precisamente debido a ella, varios pobladores de ese y de otros municipios aledaños se están oponiendo abiertamente a la construcción de ese cuartel, esgrimiendo justificativos tan absurdos como que aquellas instalaciones van a afectar su “imagen”, o que es costumbre de los militares violar a las mujeres allí donde se asientan. Argumentos que refuerzan la percepción pública sobre la necesidad de sentar soberanía en ese lugar, cada vez más a merced del tráfico de drogas, un macabro negocio que viene siempre acompañado de los peores males: asesinatos, violaciones, corrupción generalizada, crisis institucional y, sobre todo, desestructuración del tejido social, tal como lo evidencian las actitudes de los pobladores que aquí se comentan.
