Entre los peores crímenes que una persona puede cometer contra sus semejantes está sin duda el de la trata y tráfico, que es la forma contemporánea de reducir a una persona a la esclavitud, cuando no de usar su cuerpo, o partes de éste, para el comercio. La Defensoría del Pueblo teme que se esté produciendo con la inadvertida ayuda de las agencias de empleo.
En efecto, la representación departamental de la Defensoría del Pueblo en La Paz acaba de lanzar la alerta señalando que detrás de las agencias de empleo pueden operar redes de trata y tráfico, y que funda este temor en al menos un caso que ha sido conocido por esa oficina, y en que el Ministerio de Trabajo todavía no aprobó un reglamento para regular su funcionamiento, según dispone el artículo 25 de la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas (N° 263), aprobada el 31 de julio de 2012.
Según la representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, hay temor de que detrás de estas agencias se escondan “redes de tratantes y delincuentes que lucran con la vida humana. No estamos afirmando que los dueños estén en complicidad con los tratantes, sino que pueden ser utilizados por ellos”. Es el caso de una adolescente de 17 años que fue contratada a través de uno de estos negocios como niñera para una familia que residía en la localidad de Palos Blancos, pero una vez allí, fue obligada a trabajar como mesera y dama de compañía, dormía dos horas y no le pagaron. Escapó luego de dos semanas de martirio y pudo presentar una denuncia.
En busca de nueva evidencia, la Defensoría del Pueblo realizó el lunes verificaciones defensoriales en 15 agencias de empleo situadas en ocho puntos de la ciudad sede de gobierno. En el recorrido se comprobó que todas las agencias cuentan con autorización de la Alcaldía o del Servicio de Impuestos Internos, pero no del Ministerio de Trabajo, la instancia competente como establece la citada Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas.
Otro hallazgo de la verificación defensorial es que algunas agencias de empleo se conforman con pedir a quien contrata servicios domésticos su número de teléfono móvil. Una vez que se produce la contratación, las agencias cobran su tarifa por el servicio prestado, pero omiten informar a las personas contratadas, muy a menudo mujeres adolescentes, cuál es la actividad que realizarán, dónde serán empleadas, ni especifican su salario. “También evidenciamos que no tienen un libro de registro, envían gente sin saber bajo qué condiciones, ni a dónde y las adolescentes que van son engañadas”, añadió la representante de la Defensoría.
Hay, pues, un peligroso vacío legal que debe ser subsanado cuanto antes por el Ministerio de Trabajo, pues mientras tanto muchas vidas jóvenes están en serio peligro por la simple negligencia de quienes están llamados por ley a evitarlo.
