Un compañero o una compañera no puede cometer de sano esos errores, por tanto, tiene la culpa la cerveza”. Estas palabras pertenecen a Emiliana Aiza, diputada por Potosí. De esta manera la asambleísta ejercía defensa del alcalde de Pocoata, Teodoro Rueda Vásquez, quien es sindicado de la violación y asesinato, de la enfermera Lucía Chucamani, en diciembre de 2013. Para la diputada, el autor es la cerveza, y la violación y el asesinato son “errores”. Esas palabras confirman la falta de valores en la que está transcurriendo la vida de las bolivianas y los bolivianos.
Este caso está plagado de hechos condenables denunciados a la opinión pública por los medios de comunicación: la orden dada por el mismo Alcalde de lavar el vehículo donde supuestamente trasladó a la víctima, para borrar las pruebas. El pago de 9.000 dólares a la familia para que desista de la querella y el caso quede cerrado, según informó el fiscal Milton Jara. El 30 de abril de 2014 un cabildo campesino obligó a sesionar al Concejo y a devolver su cargo al burgomaestre. El 20 de mayo fue restituido en su cargo después de que tres de los cinco concejales votaran a su favor. El 22 de mayo la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí revocó la libertad de Teodoro Rueda, quien se encuentra recluido en la cárcel de Uncía mientras se efectúa el juicio por la violación y el asesinato de Lucía Chucamani.
Todo el caso y el modo cómo se ha procedido es un desacierto y un insulto a la racionalidad, termina mostrándonos de cuerpo entero la pobreza de principios y humanidad en la que nos estamos desenvolviendo. Uno imagina el cabildo pidiendo, con chicotazos de por medio, la restitución del Alcalde, en una suerte de locura colectiva.
Basta de tanta irracionalidad. Esta no es una novela, no es una serie policíaca, es un doble crimen: violación y asesinato, no podemos seguir confundiendo los hechos. Un crimen es un crimen y quien mata y quien viola es un criminal. Si el imputado es una autoridad, no puede seguir ejerciendo su cargo mientras ocurren los procedimientos judiciales. ¿Con qué moral puede ser alcalde? ¿Cómo puede un grupo ejercer presión hasta el punto de hacer aceptar la impunidad como un acto justo?
También es condenable el uso que hacen políticos tanto de la oposición como del oficialismo de este tema, cada quien pretendiendo sacar ventaja. El feminicidio no es un botín político. Es un drama. Es la irracionalidad de quien ejerce la fuerza bruta sobre otro ser humano por el hecho de ser mujer.
