En estas fechas se lleva a cabo la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra. Los documentos que sirven de base para la deliberación de los miles de delegados (especialmente el libro Tendencias mundiales del empleo 2014) insisten en la precariedad de las condiciones de trabajo en la mayor parte de las economías del mundo. La creación neta de fuentes de trabajo es inferior al número de personas que se incorpora cada año al mercado laboral, lo cual afecta con mayor severidad a los jóvenes.
Este rasgo estructural del capitalismo globalizado se ve agravado por las repercusiones de la crisis financiera de 2008 en los países desarrollados, que no ha sido plenamente superada. La situación del empleo en las economías emergentes y en vías de desarrollo también es preocupante, aunque el desempleo y el subempleo tienen otros orígenes y factores causales en dichas zonas económicas.
A pesar de que en Bolivia las cifras disponibles coinciden en que el desempleo abierto ha disminuido en los últimos años, la coyuntura parece particularmente apropiada para realizar una deliberación profunda sobre las reformas laborales que resultan imprescindibles en el país. La bonanza imperante ha traído consigo una mejora generalizada de los ingresos, pero con una distribución muy desigual entre los diferentes componentes del valor agregado total; además se han establecido medidas, como ciertos bonos y el doble aguinaldo, que están dando lugar a una ampliación de la informalidad, que ya era de suyo elevada en el país.
Ante el incremento de los costos laborales y la imposibilidad de trasladarlos a los precios por la prohibición gubernamental o por la situación de la propia empresa, la única alternativa que tienen algunos empleadores es introducir ajustes en su planilla de sueldos y salarios mediante el cambio de algunos contratos en perjuicio de los empleados o, en la mayoría de los casos, proceder al despido de algunos trabajadores.
Si existiera un orden laboral diferente del actual, que ya supera los 60 años de vigencia, los ajustes en el ámbito sociolaboral emergentes de cambios en las condiciones de mercado o debidos a decisiones gubernamentales podrían tener características radicalmente diferentes, sin trasladar los perjuicios reales directamente sobre las espaldas de los trabajadores o indirectamente sobre sus fuentes de empleo. Es por eso que resulta oportuna la discusión amplia de una ley general del empleo y del trabajo que tenga entre sus objetivos principales la promoción equilibrada de la formalización de las relaciones laborales, la creación de empleo decente y la protección del trabajo en sus diversas formas de realización, sin discriminación alguna entre hombres y mujeres.
Por otra parte, se abriría la posibilidad de superar la enorme cantidad de normas, decretos y otras disposiciones relacionadas con el trabajo que se han establecido a lo largo de los años y que dan lugar a la incertidumbre respecto de cuál de ellas es la que debe aplicarse en cada caso específico, puesto que muchas de ellas se contradicen entre sí. Bajo tales condiciones impera la discrecionalidad funcionaria, que es un caldo de cultivo para la arbitrariedad y la injusticia laboral.
La reforma laboral necesaria no puede perseguir, como ocurrió en épocas anteriores con algunos intentos fracasados, en un simple abaratamiento del costo laboral en aras de fomentar las inversiones privadas. Pero tampoco se trata por supuesto de mantener en vigencia disposiciones que llegan a niveles proteccionistas imposibles de cumplir y que por eso mismo se soslayan sistemáticamente. Entre ambos extremos hay una gama amplia de opciones racionales para corregir distorsiones con verdadero sentido de equidad y justicia social.
