Pese a que se dice y se escribe mucho al respecto y que hay muchas instituciones públicas y privadas dedicadas al tema, la práctica del trabajo infantil forzado sigue existiendo en el país. En lo que va del año, el Ministerio de Trabajo ha identificado 600 casos de labor infantil forzosa; hay mucho de eso en la zafra, pero también en la minería y en la ganadería.
Según las autoridades, los casos identificados están siendo tramitados ante la Justicia. Y según la responsable de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Trabajo, los casos identificados “son forzosos porque están dentro las peores formas de trabajo, y si se trata de menores es ilegal, se debe sancionar”. Sin embargo, es fácil imaginar el conflicto que representa para el administrador de justicia el considerar que si bien se trata de niños y niñas trabajando en labores muy superiores a sus capacidades físicas, lo hacen, obligados o no, para colaborar en la economía familiar.
En efecto, el trabajo infantil, en cualquiera de sus formas, ya que de todas maneras es inaceptable, no puede ser erradicado si no se acaba primero con las causas que lo provocan. Los casos mencionados al revelarse el dato que motiva este comentario hablan de pobreza, que obliga a familias enteras a trasladarse desde su hogar hasta las zonas de la zafra en el sur, de cosecha de castaña en el norte o a la faena de las estancias ganaderas, o que fuerza a niñas y niños a buscar suerte en las bocaminas. En todos esos casos duele e indigna que el trabajo de los adultos sea insuficiente para asegurar siquiera el alimento de sus familias.
Según datos de la encuesta sobre trabajo infantil, realizada en 2008, en Bolivia hay 848.000 niños, de entre 5 y 17 años, ocupados en actividades económicas. Suman 354.000 en el área urbana y 446.000 en el campo; del total, más de 493.000 se desempeñan en labores peligrosas, es decir, en condiciones de trabajo forzoso.
Semanas atrás, el tratamiento del nuevo Código Niño Niña Adolescente provocó gran polémica al proponerse prohibir toda forma de trabajo infantil; fueron los propios niños y niñas trabajadores quienes lograron postergar el debate del proyecto, proponiendo fijar la edad mínima para las distintas labores que las y los menores pueden realizar, pues muchos de ellos son proveedores de toda su familia. Una razón más para insistir en que mientras no se erradique la pobreza, sus efectos seguirán afectando a toda la sociedad.
En tiempos en que se anuncia un nuevo orden mundial de la mano de los países en desarrollo, que hoy concluyen su cumbre en Santa Cruz de la Sierra, urge encontrar los caminos que permitan que niñas, niños y adolescentes tengan que usar libros, lápices y cuadernos en vez de herramientas de trabajo. Mientras haya niñas y niños ganando el salario que a sus padres les es negado, el Estado y la sociedad seguirán fallando.
