El agente chileno en La Haya, Felipe Bulnes, ha criticado a políticos de su país, principalmente diputados y senadores, por insistir en que Chile debiera presentar en julio una excepción preliminar de incompetencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, sin comprender que ésta pudiese ser rechazada, dada la seriedad de la demanda boliviana. Según esos parlamentarios, la demanda nacional no tendría sustento jurídico ya que se basaría en el Tratado de Paz de 1904, y el Pacto de Bogotá de 1948 no contempla temas anteriores a dicho acuerdo. Pero la posición boliviana no se sustenta en el Tratado de Paz, sino en los actos unilaterales de los Estados efectuados después del Pacto de Bogotá. En consecuencia, basta recordar todas las conversaciones y sobre todo los compromisos chilenos que se sucedieron a partir de 1950.
Primeramente, el gobierno del presidente González Videla llegó a aceptar, en 1950, el ingreso a “una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico”. Luego, durante el gobierno de Jorge Alessandri, Chile presentó un memorándum en 1961 donde declaraba que “siempre ha estado llano a estudiar en gestiones directas con Bolivia la posibilidad de satisfacer las aspiraciones de ésta y los intereses de Chile”. Poco tiempo después, el gobierno de Eduardo Frei Montalva reanudó conversaciones reservadas sobre el tema marítimo, con base en un corredor al norte de Arica, tal como se había estudiado en 1950.
Con el gobierno socialista de Salvador Allende se continuaron las conversaciones, llegándose a concebir una posible solución en el corredor al norte de Arica. A la caída de Allende, el régimen militar que tomó el poder, encabezado por el general Pinochet, también se preocupó del asunto y buscó un arreglo directo con Bolivia. De este modo se llegó a la negociación iniciada en Charaña, que fue la más importante del siglo pasado. En esa oportunidad, Chile ofreció ceder a nuestro país el corredor al norte de Arica, con continuidad territorial desde Bolivia hasta el mar. Posteriormente, y pese a que Bolivia había roto abruptamente las relaciones diplomáticas con Chile, se volvió a negociar sobre la cuestión marítima. La última tratativa formal se dio también durante el régimen de Pinochet y fue la negociación del “Enfoque Fresco” entre 1986 y 1987.
El siglo XXI comenzó con los mejores auspicios. En Bolivia surgió el gas que daba la oportunidad de crear una estrecha interrelación económica con Chile, país que necesitaba ese energético con desesperación. El presidente Ricardo Lagos vino a Bolivia en reiteradas ocasiones para mantener entrevistas con casi todos nuestros gobernantes. Pero, pese a ello, la venta de gas a Chile siempre se frustró, lo que dejó una profunda amargura en ese país.
El fracaso de la exportación de gas a Chile determinó un cambio de rumbo en la política chilena respecto a Bolivia. Así, en su primer gobierno, la señora Bachelet manifestó que se trataría el asunto marítimo boliviano pero sin soberanía. Y esta política fue mantenida sin modificaciones por el gobierno del señor Piñera. Esta actitud intransigente de Chile de no negociar una salida al mar con soberanía determinó que el gobierno del presidente Evo Morales decidiera llevar la cuestión marítima a la Corte Internacional de Justicia. La demanda no tenía como fin el ofender o humillar a Chile, sino hacerle recuerdo que en muchas ocasiones se negoció el tema marítimo con soberanía.
Ahora bien, sería muy conveniente que paralelamente a la cuestión marítima en la Corte de La Haya se negociara directamente la concepción de un gasoducto a Chile, lo que acarrearía que en un futuro cercano se podría llegar a entendimientos muy constructivos sobre una integración energética; integración que redundaría prontamente en conversaciones sobre el mar, encaminadas a lograr la anhelada salida propia y soberana al océano Pacífico.
