El Ejecutivo acaba de promulgar un decreto que establece una estructura de tasas mínimas y máximas para el ahorro y el crédito que es otorgado por los bancos y demás entidades de intermediación financiera. Llama la atención que esta norma define el precio del dinero para préstamos únicamente en función del tamaño de la empresa antes que otras variables relevantes.
La explicación brindada por las autoridades para justificar este “tarifario” se fundamenta en el hecho asociado a los elevados costos administrativos en los que una entidad financiera incurre por evaluar la viabilidad que tiene una pequeña empresa respecto a una grande.
Este argumento es parcialmente válido, pues además de considerar los costos operativos de evaluar y hacer el seguimiento a los clientes respecto al uso de los recursos entregados en crédito, es necesaria una ponderación de acuerdo con el riesgo asociado a cada operación. Por ejemplo, si se considera que las tasas de interés para grandes empresas tienen un tope del 6%, y ésta se encuentra operando en un negocio que corresponde a un sector de “alto riesgo”, lógicamente se estaría incurriendo en una subestimación en la operación de esa empresa, y se estarían generando incentivos para que compañías de un mayor riesgo accedan a los recursos a un costo del dinero que no refleja su verdadera calidad. La consecuencia, ¡mora!
El mismo razonamiento es aplicable para todo tipo de empresa independiente de su tamaño, ubicación geográfica o giro del negocio. En resumen, con esta medida de incentivo financiero para el sector productivo podría revertirse y generar un estímulo perverso, racionando el crédito a proyectos que seguramente en otras circunstancias serían rechazados.
Ahora, si se supone que todo lo anterior sea una mera especulación y que la iniciativa que aquí se comenta logre destrabar recursos financieros, existe otra contingencia aunque menos perceptible pero igual de discriminadora, esta vez en desmedro de las organizaciones de intermediación financiera más pequeñas.
En efecto, para las cooperativas de ahorro y préstamo, instituciones financieras de desarrollo y otras entidades similares, dada su estructura de costos operativos y tecnología crediticia, será una labor titánica el adecuarse a lo definido por el decreto, porque el margen entre la tasa de captación y otorgación de préstamos será insuficiente para mantener su sostenibilidad financiera en el tiempo. Les quedará dos opciones: ser absorbidas por las más grandes o desaparecer. Eso es capitalismo puro y duro.
La reflexión y el debate respecto a las posibles consecuencias de esta medida están abiertos. De todas maneras, habrá que tener cuidado con dar crédito al que no lo merece y más cuidado aún con eliminar a las entidades semilleras que abrieron las puertas a los excluidos de las oportunidades financieras.
