La reforma constitucional de los años 90 tuvo como fines modernizar y adecuar el Estado y la administración de justicia a las necesidades y los tiempos que se vivían. Con este objetivo se crearon el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo. Posteriormente se sustituyó el viejo y obsoleto Código de Procedimiento Penal (CPP) por el Nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP), que eliminó el sistema penal inquisitivo y lo sustituyó por el sistema penal acusatorio, creándose como novedad los tribunales de sentencia, compuestos por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos.
El nuevo orden jurídico penal tenía por objeto transparentar la justicia penal y acabar con la detención preventiva, que para esos años ahogaba a las cárceles bolivianas y era motivo de ácidas críticas de parte de la comunidad internacional, ya que los detenidos preventivos constituían el 74% de la población penal, algo considerado escandaloso.
En sus primeros años, el nuevo sistema judicial penal logró disminuir significativamente el número de detenidos preventivos en las cárceles del país, pero pronto vinieron los reclamos porque los jueces, amparados en el sistema garantista del NCPP, dejaban libres a peligrosos e influyentes delincuentes y encarcelaban a los débiles y humildes, de tal manera que, frente al clamor de la sociedad, pronto se empezó a revertir esta situación con nuevas leyes que fueron modificando paulatinamente el nuevo Código Penal, al extremo que en menos de un lustro las cárceles volvieron a súper poblarse con detenidos preventivos, superando incluso el porcentaje anterior. Hoy los detenidos preventivos constituyen el 84% de la población carcelaria y la retardación de justicia y la corrupción son la característica del sistema.
Frente a este desolador panorama, la nueva Constitución Política del Estado instituyó la elección por voto popular de los más altos magistrados del Órgano Judicial, con la esperanza de que siendo elegidos directamente por el pueblo se verían libres de ataduras políticas para ejercer su ministerio, iniciándose con los nuevos magistrados un nuevo proceso de modernización de la justicia. Proceso que desgraciadamente, al igual que el anterior, fracasó e incluso agravó la crisis, porque la justicia que nos proporcionan ahora es peor que la anterior.
Ante el descalabro judicial y los airados reclamos de la sociedad, lo primero que se debe hacer es una renovación total de los jueces y magistrados de los tribunales departamentales, desmantelando de esta manera la vieja estructura judicial que no deja revolucionar la justicia.
Los nuevos jueces deben ser abogados académicamente bien formados, moral y éticamente íntegros; deben ser líderes en sus distritos e inspirar confianza y respeto en la ciudadanía, pero además deberían ser un ejemplo de transparencia en su vida pública y privada.
La integridad y transparencia en la función pública no son una opción, sino una obligación. Para seleccionar a los nuevos jueces hay que hacer una inteligente combinación de meritocracia con aptitud y compromiso con la Justicia. Los buenos jueces no son patrimonio de una clase, etnia o grupo de poder, así que poco importa que sean de corbata, poncho o pollera.
