El comercio de vehículos de segunda mano importados de contrabando al parecer sigue boyante. Solo en Cochabamba se tiene registros de 6.600 autos chutos, como se llama a aquellos automotores indocumentados, que circulan sin problema y pueden cargar combustible pese a que en los surtidores se implementó un costoso sistema de control para evitar que tal cosa suceda.
En efecto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) implementó el sistema Boliviana de Sistemas de Autoidentificación (B-Sisa) para controlar la venta de combustibles en las estaciones de servicio con el doble objetivo de evitar que sean exportados de contrabando a los países vecinos, donde los carburantes son mucho más costosos; y asegurar que ningún automóvil indocumentado pueda llenar su tanque. Al menos en Cochabamba, y probablemente en todo el país, tal cosa no sucede. La presidenta de la Aduana cuestionó el hecho de que los propietarios de esos vehículos compren gasolina sin problemas en los surtidores, cuando está vigente el programa B-Sisa, así como los mecanismos para verificar la placa al momento de facturarse la venta de carburantes, lo cual revela que la asociación de surtidores también tiene parte de culpa en este problema.
Estas declaraciones coincidieron con las movilizaciones de tres asociaciones de propietarios de vehículos indocumentados de Cochabamba: una del trópico, otra del Cono Sur y, la más reciente, del área andina, quienes exigen una nueva “nacionalización” para legalizar sus automóviles. Una de las principales razones por las que piden esta nueva excepción a la norma es que son víctimas de extorsión por parte de algunos policías. Hasta ahora se sabe de al menos dos oficiales que han sido denunciados ante el Ministerio Público por el Comandante Departamental de Policía en Cochabamba.
El representante de la Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados de la Zona Andina de Cochabamba anunció públicamente que se organizaron para evitar que el Control Operativo Aduanero (COA) les quite sus vehículos, añadiendo que “vamos a enfrentarnos, estamos bien organizados”. Otro miembro de esa asociación justificó su demanda explicando que sus llamas y burros, tradicionalmente empleados como bestias de carga, perecieron por falta de forraje, “por el cambio climático”, por lo que compraron los vehículos chutos para el traslado de sus productos a los mercados. “Nosotros también tenemos derecho a tener un auto”, afirmó.
Es necesaria, pues, una política de “tolerancia cero”, tanto en las fronteras como en el resto del país, donde la demanda sigue justificando el negocio de las mafias dedicadas a este comercio, que numerosas veces han demostrado no tener límites, como se evidenció en una reciente balacera que le costó la vida a un oficial del COA, pues de lo contrario será imposible frenar el contrabando de chutos.
