Algunas organizaciones sociales afines al MAS (las Bartolinas, los interculturales, los cocaleros del Chapare, la CSUTCB, entre otros) han advertido que no van a permitir el ingreso de los partidos de la oposición en las zonas rurales donde sus bases se asientan.
Estas intimidaciones ponen en relieve la falta de cultura ciudadana y la poca tolerancia que impera en algunos sectores de la sociedad, que no terminan de entender la importancia de aprender a escuchar y debatir posiciones contrarias a la propia. Una carencia tanto más preocupante por cuanto muchas veces se traduce en actitudes autoritarias que atentan contra el derecho de otras personas, y no solo en el espectro político, sino también familiar.
Afortunadamente la reacción del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido oportuna y contundente. La presidenta del TSE recordó que coartar el derecho que tiene cualquier organización de ingresar a las comunidades para hacer campaña electoral constituye un delito. Además, advirtió que va a solicitar el apoyo de la fuerza pública para evitar estos extremos; y en caso de que se concreten, el TSE actuará de oficio para juzgar a los responsables. Esperemos que las amenazas de las organizaciones sociales no vayan más allá de la retórica, y que sean sancionadas en caso de que lleguen a cumplirse.
