Hace dos meses, un hombre murió en una cárcel de EEUU luego de sufrir una agonía de 43 minutos, tras recibir una inyección letal que le fue suministrada por el estado de Oklahoma en nombre de la justicia. De nueva cuenta, esta macabra historia se repitió el miércoles, también en EEUU, pero esta vez el prisionero, un hombre de 55 años sentenciado a la pena capital por dos asesinatos, tardó dos horas en morir.
Según pusieron por escrito sus abogados, estuvo “una hora jadeando y resoplando” en la camilla, cuando se suponía que ya debía de estar sedado sin sentir nada. Este hecho pone otra vez al descubierto la brutalidad de la pena de muerte, así como el absurdo de que un Estado se arrogue el derecho de asesinar a sus ciudadanos; y no solamente porque está ampliamente comprobado que este tipo de sanción no ha logrado reducir el índice de criminalidad en ninguna parte del mundo, sino también porque una sentencia a muerte conlleva el riesgo de cometer un error irreparable.
Mientras no se resuelva este anacronismo, el mundo occidental carecerá de autoridad moral para reprochar a China, Irán o Arabia Saudí su frecuente recurso a la ejecución de prisioneros, o a los fundamentalistas musulmanes que se arrogan el derecho de lapidar a los adúlteros y homosexuales.
