Cinco policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales de Cochabamba están siendo investigados por la presunta violación de una meretriz de 20 años. Según denunció una de las representantes de las trabajadoras sexuales de esa urbe, la joven, que tendría cierto grado de retraso mental, habría sido ultrajada en una oficina de esa unidad policial el lunes en la madrugada, luego de que se acercase a los uniformados para pedirles un vaso de agua.
No sorprende que la agredida se haya negado a someterse al examen médico forense solicitado por la Fiscalía para avanzar con la investigación. Además de la natural desconfianza que debe sentir hacia las fuerzas del orden, al estrés postraumático que sucede a la violación se suman las fobias y angustia que supone un proceso penal que en la mayoría de los casos no concluye con una sentencia contra los culpables.
De hecho, esta es una de las principales razones por las que la mayoría de las mujeres que han sido agredidas sexualmente prefieren no denunciar el hecho. De allí la importancia de castigar a los culpables, pero también de revisar las medidas encaminadas a acompañar a las víctimas a fin de reducir en lo posible los efectos negativos de la victimización y aumentar la confianza en el sistema, de modo que no queden violaciones impunes porque no se denuncian.
