El rebalse del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol, ubicada en la comunidad de Tacopampa en Potosí, que ha provocado la contaminación de las aguas del río Pilcomayo, ha llamado nuestra atención sobre la seriedad de este tipo de desastres y escaso o nulo control sobre las operaciones mineras en el país, pues este no es un hecho aislado y estos eventos tampoco son desconocidos para quienes viven en la cuenca del Pilcomayo.
En 1996 el dique de colas de la mina Porco también rebalsó, la empresa minera Comsur fue la responsable, el juicio nunca llegó a terminar pues el principal accionista de la empresa, Gonzalo Sánchez de Lozada, asumió como presidente de la República, y a cambio se entregaron herramientas, medicinas y otros a las comunidades afectadas. En 2003, la mina Abaroa también sufrió una ruptura de su dique de colas; y como éstos, hay varios otros ejemplos sobre esta problemática en la cuenca.
El gobernador de Potosí, Félix Gonzales, aseveró que el derrame de residuos mineros de la empresa Apóstol Santiago avanzó solo cinco kilómetros y no más de 20 km, como había asegurado previamente, lo que significa que no habría llegado al Pilcomayo, según la autoridad departamental. Más allá del lugar o la magnitud que este tipo de eventos provocan, este nuevo rebalse desnuda la clara falencia que tenemos como país en cuanto a legislación para el control de los pasivos ambientales, más aún cuando la Ley de Minería permite el cierre de operaciones cuando se ha emitido una sentencia judicial, que en nuestro sistema de justicia significan años, si es que se llega al fallo. La vía del control de las actividades mineras y de sus posibles impactos no debería ocurrir cuando eventos de esta naturaleza suceden.
La legislación ambiental en esta materia no tiene un carácter preventivo y, considerando que la minería, y por supuesto la actividad hidrocarburífera, son la parte principal de nuestra economía, ¿no deberíamos tener una legislación y una institucionalidad fuerte para promover la prevención de estos desastres? La Ley 71 creó la Defensoría de los Derechos de la Madre Tierra, pero más allá de la promulgación poco o nada hemos hecho para que conforme a lo dispuesto en esa ley y otras normas busquemos un equilibrio entre esas actividades, minería e hidrocarburos, y los pasivos que pueden provocar acorde a la magnitud de su aporte a la economía. ¿No sería más lógico que en función de su magnitud económica ambas actividades proporcionaran recursos para desarrollar actividades preventivas que nos permitan vivir bien y en armonía con la Madre Tierra?
