Según estimaciones de la fundación Animales SOS, en La Paz y El Alto se registran a diario al menos nueve denuncias de maltrato de animales. Los casos más frecuentes tienen que ver con golpes, el encadenamiento de las mascotas y la falta de alimento, agua y de atención médica. No obstante, también se presentan casos en los que las personas torturan a los animales por placer.
Uno de estos hechos ocurrió hace pocas semanas, cuando un instructor de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) degolló a un can en presencia de estudiantes de primer año, como parte de un ejercicio militar para, supuestamente, insensibilizarlos y demostrarles cómo se ejecuta “un acto de valentía”. Se sabe también que existen pandillas y otros grupos que organizan peleas de perros de manera clandestina. Asimismo están los que se dedican a criar y comercializar canes en pésimas condiciones, explotando a las hembras hasta el límite tolerado por su organismo.
Por lo general, esta clase de delitos quedan impunes, pues persisten vacíos legales que dificultan su sanción. Además, no existen unidades gubernamentales que se especialicen en la atención y prevención de maltratos contra las mascotas. Por ejemplo, pese a que la Constitución establece en su artículo 302 que una de las funciones de los gobiernos municipales es la de proteger a los animales domésticos y silvestres, esta labor no se cumple en ninguna región del país.
En cuanto a la sede de gobierno, la responsable de la Unidad Municipal de Zoonosis de La Paz explicó a La Razón que la falta de sanciones específicas que reglamenten la Ordenanza 505 (que prohíbe el maltrato de animales) dificulta frenar este tipo de abusos. La Ley General para la Defensa de los Animales, recientemente aprobada en grande en la Cámara Baja y que se espera sea tratada en detalle este mes, cubrirá sin duda este vacío legal que impide avanzar en este tema.
Empero, como bien se sabe, una norma no sirve de mucho si no viene acompañada de los recursos necesarios para ponerla en práctica. Afortunadamente en este asunto los gobiernos locales cuentan con el apoyo de organizaciones civiles, conformadas por personas que están dispuestas a destinar no solo dinero, sino también su tiempo para cubrir los vacíos dejados por el Estado en este asunto.
Animales SOS es un claro ejemplo de ello. Con recursos propios, de la cooperación internacional, donaciones de la municipalidad y voluntarios que trabajan ad honorem esta organización ha construido un albergue y un equipo que atiende a las mascotas abandonadas dentro de sus posibilidades. Sin embargo, por ser una institución privada no puede actuar de oficio cuando se presentan casos de maltrato o tráfico de animales. De allí la importancia de que los gobiernos municipales asuman efectivamente esta función, amparados con una ley y el apoyo de la Policía.
