La nueva Constitución ha establecido la equivalencia y la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en la formación, ejercicio y control del poder político. De manera más específica, las nuevas normas de régimen electoral prescriben la paridad y alternancia en la conformación de listas de candidaturas para las instancias legislativas del Estado: el Senado, la Cámara de Diputados, las asambleas legislativas departamentales y los concejos municipales. La aplicación de estas normas en las elecciones nacionales (2009) y sub-nacionales (2010) muestran un incremento sustantivo en la representación de mujeres (titulares y suplentes) en dichos cuerpos legislativos. Aunque no se ha producido una estricta paridad, se trata de una representación numérica que no tiene precedentes en la historia política del país.
Estos dispositivos forman parte de una política de acción afirmativa (de cuño liberal-multicultural) cuya premisa es el reconocimiento de la diferencia y la participación de identidades colectivas en la esfera pública estatal, bautizada por Anne Phillips como la “Política de la presencia”. Una adecuada representación, según este argumento, depende de que los grupos sociales excluidos tengan una “presencia física” en la estructura estatal, el objetivo de las luchas identitarias es la ocupación parcial del Estado y no la subversión del orden simbólico patriarcal-capitalista.
No obstante, el trabajo de las representantes mujeres a lo largo de la gestión legislativa que termina demuestra que la presencia física de las mujeres no es equivalente a la representación sustantiva, que implica actuar a nombre de otros u otras, en este caso para defender una visión y una plataforma de acciones emancipatorias y por definición radicalmente críticas tanto de la instituciones públicas (la familia, la iglesia, la escuela y los medios de comunicación) como de las estructuras que reproducen cotidianamente los esquemas mentales de la ideología machista. En los hechos, la actuación parlamentaria de las mujeres está modulada no por una visión de género, sino por estrategias partidarias tanto oficialistas como opositoras. La presencia física de las mujeres en esos escenarios tiene cierto valor simbólico, pero no garantiza que ellas prioricen temas propios de una agenda feminista y/o de género; una mujer, incluso una mayoría de mujeres, puede apoyar con su voz y su voto una política patriarcal.
Los “avances” que se han producido son innegables, pero en sí mismos solo tienen un valor relativo. No importa la cantidad, sino el punto de vista, la perspectiva. Mientras las asambleístas mujeres piensen, sientan y actúen conforme a las categorías y valores dominantes, consagrados por el Estado y el sistema político, seguirán reproduciendo el orden que dicen apasionadamente combatir.
Es sociólogo.
